El exsecretario regional de UGT-A Francisco Fernández Sevilla ha negado irregularidades en las facturas del sindicato por las subvenciones de la Junta de Andalucía para los cursos de formación y ha reclamado a la administración andaluza, entonces gobernada por el PSOE, responsabilidad sobre “sus propios actos” al aprobar la gestión de estos programas.
Fernández Sevilla ha declarado este lunes en el juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, en el que también están acusados otros antiguos responsables de la organización por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual se habrían defraudado 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas.
En su comparecencia, Fernández Sevilla ha declarado solo a preguntas de su abogada y del tribunal, que juzga también al que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la exsecretaria de Gestión Económica María Chapín y la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez, así como el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea.
Una trama contra el sindicato
Fernández Sevilla ha rechazado que conociera la existencia de un denominado "bote", que según la Fiscalía consistía en elaborar “facturas simuladas” que pasaban a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros y siempre previo pago de esas facturas.
El exsecretario ha asegurado que desconocía esa palabra más allá de lo leído en los medios de comunicación, a quienes ha acusado de difundir información “sesgada” y construir una trama contra el sindicato.
Ha explicado que se usaban "cuentas de base" para asegurar económicamente el funcionamiento en el “día a día” de las empresas que proveían al sindicato.
Preguntado sobre la figura del rápel, uno de los mecanismos, que según la Fiscalía, se empleaba en el entramado del fraude, ha explicado que eran descuentos aplicados a las empresas que realizaban “cierto volumen de compra” y se ha desvinculado de su firma, al no ser, ha asegurado, su competencia y ha negado haberse reunido con proveedores para negociar estos términos.
“Anticipos financieros a proveedores”
Sobre la implicación de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L, uno de los proveedores del sindicato, ha confirmado la existencia de cesión de inmuebles a esta empresa y la ha justificado en concepto de ayudas a una labor de “gestión de un gran volumen de tareas”, como la gestión de proyectos en materia de empleo e inmigración.
En todo momento, Fernández Sevilla ha negado su implicación en gestiones económicas, dado que, según ha destacado, sus tareas se limitaron a la "organización democrática de los miembros del sindicato", y ha derivado la responsabilidad al área administrativa, que en ese momento estaba bajo la dirección de Federico Fresneda.
Durante las respuestas a las preguntas de su defensa, Fresneda, que ha comparecido justo después, ha negado el conocimiento del término “bote”, aunque sí conocía su funcionamiento como un “anticipo financiero” a proveedores con, según ha afirmado, problemas en la “gestión de contabilidad”.
