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Jerez

La Junta inspecciona un centro de rehabilitación denunciado por abandono

Se trata de un equipamiento privado en el que presuntamente quince usuarios vivían en condiciones infrahumanas

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Imagen del centro de rehabilitación Nuevo Ciclo, de Jerez.

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Imagen del centro de rehabilitación Nuevo Ciclo, de Jerez.

La Junta de Andalucía ha decidido intervenir en el caso del centro de rehabilitación Nuevo Ciclo de Jerez, donde presuntamente quince usuarios vivían en condiciones infrahumanas por el estado de abandono de las instalaciones.

Aunque la Junta no tiene vinculación alguna con este espacio, desde la Delegación de Gobierno de la Junta en Cádiz han indicado a EFE que, “dentro de sus responsabilidades” y como administración pública, ha tenido que intervenir para velar por las personas que se encuentran alojadas allí.

El pasado 31 de diciembre, personal del Centro de Rehabilitación Mundo Nuevo, en El Puerto de Santa María, denunció la situación de precariedad y abandono de los usuarios de Nuevo Ciclo de Jerez, rodeados de basuras y en condiciones infrahumanas, y solicitaron con urgencia una solución para estas personas.


La Delegación de Gobierno ha precisado que la Consejería de Igualdad nunca ha derivado a ninguna persona a este centro jerezano, y que dada la situación de alarma, intervendrá para buscar una solución a estas personas.

Para ello, la Junta ha enviado este martes a un inspector de Sanidad para que evalúe la situación en la que se encuentra el centro Nuevo Ciclo, ubicado en una finca en la carretera del Calvario, que une Jerez con Trebujena.

A finales del pasado verano la administración pública intervino por primera vez en este centro tras recibirse la denuncia de un usuario a la Policía, que avisó a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, sobre la situación, ha indicado la Delegación de Gobierno.

Entonces, Inspección observó que el centro no cumplía con la normativa vigente y carecía de autorización para su funcionamiento, por lo que se le abrió un expediente sancionador por valor de 90.001 euros, que aún continúa abierto, ya que al ser una cantidad significativa debe gestionarse a través de la Consejería en Sevilla.

Por otra parte, desde Igualdad se informó a Salud de lo ocurrido al entenderse que se trata de un centro de drogodependencia, aunque desde Salud no se tiene acuerdo alguno ni se tenía registrado este centro.

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