El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba prevé celebrar desde el jueves 3 de febrero el juicio a un total de 15 acusados de delitos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad utilizando armas u otros instrumentos peligrosos, tres delitos de lesiones, siete faltas de lesiones y un delito de daños en bienes públicos, así como un delito de hurto supuestamente cometido por uno de los procesados, todo ello tras resultar heridos diez guardias civiles en una protesta en defensa de un camino público en una finca del municipio cordobés de Posadas.
Al respecto, el fiscal pide para cada uno de ellos penas de dos años y siete meses de prisión y multas de 4.500 euros, además de cinco meses de cárcel para el acusado del delito de hurto, al tiempo que precisa que concurre en los procesados la circunstancia atenuante muy cualificada de la responsabilidad criminal de dilaciones indebidas.
Según recoge la calificación del Ministerio Público, consultada por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 20,30 horas del día 14 de septiembre de 2007, cuando un grupo de colectivos y vecinos del citado municipio, entre los que se encontraban los acusados, acudieron a las inmediaciones de la finca para realizar la concentración con tal de "defender, como en otras ocasiones, el carácter público del camino de la misma, denominado Los Torilejos".
En este sentido, la Benemérita montó un dispositivo de servicio para "prevenir los posibles incidentes", a fin de "mantener el orden público e impedir el paso por el camino", al tener noticias de "la intención de los participantes de saltar la cancela de acceso a la finca y penetrar en su interior".
Una vez allí, los procesados, "puestos de común acuerdo en la ejecución de un plan preconcebido, con la intención de alterar la tranquilidad en el lugar, a pesar de la presencia disuasoria de los agentes", supuestamente comenzaron a increpar al cordón de seguridad, diciendo que "la fuerza estaba comprada por el propietario de la finca" y que ellos pasarían "de todos modos, toda vez que el camino era público".
Así, el fiscal precisa que "tras forzar el cordón de seguridad sin éxito, llegaron a propinar a los agentes múltiples empujones y golpes con los paraguas y bastones que portaban, rompiendo con unos alicates la valla de una finca colindante y penetrando en el interior del camino, desobedeciendo las indicaciones de los agentes actuantes".
PIEDRAS EN "BOLSOS Y MOCHILAS"
Además, añade que al llegar a la loma del camino, los acusados, "con ánimo de atentar contra la autoridad, lejos de deponer su actitud y obedecer las órdenes de los agentes, con intención de menoscabar la integridad física y corporal de los mismos", presuntamente comenzaron a lanzarles piedras y ladrillos de grandes dimensiones "que no solo encontraron en el camino, sino que también llevaron consigo al lugar con tal fin en sus bolsos y mochilas, con la seguridad de alcanzarles, dado que lo hicieron a escasa distancia".
Igualmente, los procesados supuestamente lanzaron piedras a los vehículos oficiales desplazados al lugar, de los que tres de ellos sufrieron daños por los que la Abogacía del Estado reclama 2.801 euros. También, uno de los acusados golpeó a un agente y le arrebató el radioteléfono policial oficial, tasado en 510 euros, que no ha sido recuperado por la autoridad con posterioridad a los incidentes.
A consecuencia del ataque sufrido y "dada la exaltación del ánimo de los concentrados", los guardias civiles tuvieron se replegarse a la parte trasera de los vehículos oficiales, "debiendo hacer uso del material antidisturbios reglamentario para repeler el lanzamiento de piedras", según explica el Ministerio Público.
