El gaditano Manuel Martos, administrador único de LegalSur Abogados, lleva, desde que ganó la primera sentencia de fijeza en España en 2010, más de una década defendiendo los intereses de los interinos.
Ahora, ha dado un paso más en su cruzada denunciando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; y a los máximos responsables de UGT, CCOO y CSIF, José María Álvarez, Unai Sordo y María Dolores Hernández, respectivamente, ante el proceso iniciado a raíz de la entrada en vigor de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
“No solo no da estabilidad, si no que puede dejar en la calle a parte de los afectados que no obtengan plaza en las ofertas públicas de empleo extraordinarias que se están convocando”, advierte. Martos recuerda que las administraciones tendrían que haber regularizado la situación con pruebas periódicas con un máximo de tres años de los trabajadores temporales, más de 800.000 en toda España, en lugar de concatenar contratos y por ello el Gobierno fue apercibido por la Unión Europea (UE).
Pero el Ejecutivo no atiende los requerimientos judiciales y ha optado por una alternativa que no da solución definitiva al problema. “Se vale del miedo del personal, que teme que les perjudique, para un número inferior de plazas a los afectados”, explica, al tiempo que abre la puerta a indemnizar a aquellos interinos que no superen las pruebas con 20 días de salario por año de servicio.
Por un lado, esto podría disparar el gasto, lo que va en contra de los principios de eficacia y eficiencia que deben regir la gestión pública, advierte. Por otro, perjudicaría a profesionales como los médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que son nombrados al mes. “Los cesarían con 20 euros”, indica. Martos considera que la ley vulnera, al menos, tres artículos del Código Penal -172, 311 y 314- que protegen los derechos de los trabajadores por discriminación, y solicita la paralización de todas las ofertas públicas de empleo convocadas. Asimismo, recurrirá al Defensor del Pueblo de la UE.
El abogado, que está al frente igualmente del Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude (Sinef) y la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIF), hecha mano de una Iniciativa Legislativa Popular redactad aen 2015 por él mismo para plantear una alternativa. En concreto, propone contemplar el concurso de méritos para todo el personal reconocido en fraude por la mala gestión en los últimos treinta años.
Por otro, defiende normar las indemnizaciones por ceses y, finalmente, instar las responsabilidades del personal que ha permitido este escenario, funcionarios y políticos, así como la modificación de la Ley Contencioso Administrativa eliminando la parte de las posible Condena en costas en los procedimientos donde se diriman cuestiones de fraude o responsabilidades.
