El ex decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara Peláez, recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Penal 15 de la capital, por la que se le condena a pagar 5.400 euros por negarse a enviar letrados del turno de oficio durante el primer estado de alarma por el Covid 19, y después de que una jueza de Instrucción se lo requiriera con arrestados en los calabozos de la Ciudad de la Justicia.
La sentencia condenatoria, que le ha sido comunicada en el día de hoy al ex decano y por la que dispone hasta el mes de septiembre para poder ser recurrida por su letrado defensor del despacho de Gómez-Villares & Atencia, considera que Lara cometió un delito grave de desobediencia al no atender a los requerimientos de la magistrada de Instrucción número 10, Estela Gómez Giner, que se encontraba aquella jornada del 6 de mayo en funciones de Guardia.
Esta jueza declaró en la vista oral, celebrada el pasado 5 de junio, que tuvo que poner en la calle a cuatro detenidos "porque no acudieron abogados de oficio".
La sentencia ha sido dictada por la titular de lo Penal 15, Montserrat Cortés López, que sostiene que el entonces decano no atendió en tiempo y forma a los requerimientos que se le hicieron por teléfono por parte de funcionarios del Juzgado de Instrucción, que sí estaban trabajando en la sede judicial durante el estado de alarma.
Uno de los cuatro detenidos que fue puesto en libertad estaba arrestado por un supuesto delito de agresión sexual, otro por un presunto delito de violencia sobre la mujer, el tercero por violencia doméstica y el cuarto por un quebrantamiento de condena.
Durante el juicio, según recoge el fallo judicial, el entonces decano Javier Lara recordó el contexto en el que sucedieron los hechos: un momento de «histeria colectiva» y un «ambiente de incertidumbre y de dudas generalizadas» en el que «morían más de 1.000 personas al día en nuestro país». El ex decano resaltó que «no tuvo rotundamente voluntad de desobedecer un mandato judicial».
Su intención, según manifestó en la vista oral, y la de la Junta de Gobierno que presidía entonces, fue «proteger la vida y la salud de los colegiados», sin tener ningún «interés personal». De hecho, un grupo importante de sus compañeros se solidarizó a las puertas de la sala de vistas en la Ciudad de la Justicia por entender que se buscaba evitar cualquier contagio de los letrados por el virus.
Mientras que el fiscal sostuvo que el decano impidió el libre ejercicio del derecho a desempeñar la profesión liberal de todos aquellos abogados dispuestos a prestar el servicio de Guardia a los detenidos, el abogado defensor del ex decano, José Javier Polo, mantuvo en la vista que fue una decisión colegiada, "aunque solo fuera firmada por Lara".
La sentencia, por la que se le impone una pena de 12 meses de multa, con cuota diaria de 15 euros, lo que supone el abono de 5.400 euros, será recurrida ante la Audiencia Provincial de Málaga, según indicaron fuentes de su defensa.
A las pocas horas de comunicarse la sentencia, el Colegio de Abogados de Málaga ha difundido un comunicado a todos los más de 4.000 letrados asociados en el que dice que "la Junta de Gobierno quiere reiterar, una vez más, el firme apoyo de la Abogacía de Málaga a nuestro decano emérito".
El Colegio de Málaga añade además que "seguimos confiando en la Justicia y en la estimación del recurso que se interpondrá contra la sentencia, al entender que las actuaciones que se llevaron a cabo por el Colegio en esa fecha fueron bienintencionadas y en defensa de la salud de los abogados de oficio".
Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española se ha adherido a este comunicado, siguiendo con su respaldo que durante los tres últimos años ha dado a Francisco Javier Lara Peláez.
