Durante la presentación de la exposición, González Cabaña rechazó los comentarios de desprecio hacia los trabajadores de acogidos a este régimen laboral, “aunque después se hayan retractado”, argumentando que “por esa razón se ha elegido Chiclana, y después se desplazará a Sanlúcar, para que los numerosos visitantes que vengan desde otros punto de España a disfrutar de nuestras playas conozcan los beneficios de estos programas para las poblaciones y sus habitantes”.
Por su parte, el alcalde de Chiclana destacó el hecho de que “muchos ciudadanos sin empleo se interesan por las obras de las calles, porque el antiguo PER, o el AEPSA, sirven para realizar mejoras en nuestras vías públicas”.
Así, en doce paneles se ofrece información sobre las obras, inversiones y jornales que se destinan este año para la provincia de Cádiz. Primero fue Empleo Comunitario, que nació en 1981. El PER se creó en 1983 para mitigar la despoblación rural en las comunidades de Andalucía y Extremadura. En 1997 pasó a denominarse Acuerdo por el Empleo y la Protección Social Agraria (Aepsa), nominación que sigue conservando.
El Aepsa 2010 para la provincia de Cádiz incluye un apartado denominado Obras de Garantía de Renta, 61 en total por importe superior a los 16.405.000 euros y 162.000 jornales; otro apartado dedicado a las Obras Generadoras de Empleo Estable, en total 19 por importe de 3.791.000 euros y 37.110 jornales, y finalmente el tercer apartado para la construcción de consultorios y centros de salud, hecha por el SAE y Diputación, seis obras que propician 13.000 jornales.
Con estas inversiones públicas se pretende que no se produzca el despoblamiento de las localidades rurales de Cádiz. Los desempleados agrícolas son preferentemente los beneficiados. Al darse de alta deben pagar el denominado ‘sello’ del campo, una media de 70 euros, que permite tener derecho a prestación por desempleo tras acreditar un número de peonadas, que este año son 20 debido a los temporales del último invierno. Las obras también generan empleo entre los trabajadores de la rama general de la construcción, dado que es necesario contar con personal cualificado. Como se explica en esta exposición, el 63 por ciento de los beneficiarios son mujeres y la mayoría de las personas que se emplean tienen más de 45 años.
Estas obras han contribuido a dotar de equipamientos y mejoras urbanas en distintos pueblos. La mayoría de las mismas se gestionan a través de la Diputación, que cuenta con un servicio específico, integrado por 34 personas, entre técnicos y administrativos.
