La Policía Nacional, con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha detenido a 52 personas en varias provincias españolas por el presunto cobro ilegal de prestaciones públicas. La cantidad defraudada tanto al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) como al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se cifra en más de 300.000 euros.
En concreto, las detenciones se han llevado a cabo en Albacete (41), Alicante (2), Madrid (4), Málaga (1), Murcia (1) y Valencia (3), según ha comunicado este lunes la Policía, por delitos de fraude en obtención de prestaciones.
Uno de los detenidos es un abogado que, en colaboración con varias personas, se dedicaba a montar empresas ficticias sin actividad para facilitar el cobro del paro a trabajadores.
La investigación arrancó el pasado mes de mayo después de recibir un escrito-denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que se pedía la actuación policial ante diversas actuaciones irregulares realizadas por una sociedad con actividad en Albacete con el objetivo de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.
La empresa denunciada se dedicaba supuestamente al comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas. Los agentes comprobaron que no existía ninguna actividad comercial y que se trataba de una vivienda residencial, tal y como indicaba la sede electrónica del catastro.
Los agentes tomaron declaración a varios trabajadores de la sociedad que no cobraron ninguna prestación por desempleo, quienes aseguraron que nunca habían trabajado para dicha empresa y que habían pagado una cantidad de dinero a una persona para poder cotizar a la Seguridad Social.
En la investigación se pudo identificar a esta persona, que figuraba junto a su mujer como administradores de 30 sociedades, muchas de ellas con la actividad de comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas en las ciudades de Albacete, Alicante, Cuenca y Valencia.
La mayoría de estas empresas compartían un nexo común, un mismo abogado de la ciudad de Albacete, como tramitador autorizado para realizar gestiones (autorizado RED) ante la Seguridad Social.
Sobre este abogado constaban antecedentes policiales por fraude de prestaciones a la Seguridad Social y falsificación documental, y al supuesto administrador también le figuraban numerosas reseñas policiales por delitos de estafa, defraudación y falsificación de documentos.
Los agentes centraron la investigación sobre el autorizado RED de Albacete, ya que, con la colaboración de terceras personas, se encontraba al frente de sociedades sin una actividad real y realizaban el alta a trabajadores en la Seguridad Social para que estos pudieran obtener de manera ilegítima una prestación o un subsidio de desempleo.
De hecho, estos administradores ficticios, o testaferros, también aprovechaban para poder cobrar prestaciones por desempleo, colocando incluso a sus familiares cercanos para recibir el paro del SEPE.
Los agentes determinaron que buena parte de las empresas gestionadas por este autorizado RED eran ficticias y también afloraron otras sociedades con altas irregulares de trabajadores en empresas que sí tenían una actividad real.
Al abogado, junto a sus testaferros, también se les ha atribuido un delito de pertenencia a grupo criminal al considerarse que habían creado un entramado empresarial con el fin de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal.
El perjuicio económico total causado al SEPE y al INSS ha sido de más de 304.094 euros, una cantidad que habría aumentado de no ser por la investigación policial, según destaca la Policía, puesto que se detectaron nuevas empresas ficticias que han sido dadas de baja de oficio para que no generasen más fraude.
Además, ha aflorado un fraude a la Hacienda Pública cercano a los 12 millones de euros que está siendo investigado por la Agencia Tributaria de Albacete.
