Así lo ha reconocido a este diario el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, quien, sin embargo, ha puesto de manifiesto la falta de información y la incertidumbre respecto de los efectos reales que dicha ley pueda tener.
No obstante, Fenoy plantea ya un escenario complicado como consecuencia de su aplicación. “Hay cámaras que lo van a pasar mal, y otras que lo vamos a pasar no tan bien”, en alusión a la “solvencia financiera” y la “capacidad de prestación de servicios” existente en el ente cameral de la comarca.
Una de las consecuencias que Carlos Fenoy contempla para la Cámara de Comercio es que “algunos servicios, que hasta ahora se prestaban de forma gratuita, tendrán que empezar a ser de pagos”, aunque reiteró su cautela ante el efecto de la ley, dada la falta de claridad informativa existente aún al respecto.
Voluntariedad
Así, el principal impacto de la entrada en vigor del Real Decreto es que establece la voluntariedad de la cuota cameral, algo que se ha valorado como una medida que tendrá un impacto negativo sobre muchos de los servicios gratuitos que actualmente se prestan, principalmente a las pymes.
Dicha medida se tomó sin ser previamente consensuada con las cámaras, que conocieron la noticia el mismo día de su anuncio en el Congreso.
Partiendo de la base de que sólo tienen que abonar la cuota cameral aquellas empresas que obtienen beneficios, y de que están establecidos de forma progresiva, en el ejercicio 2010, un 70% del censo de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, compuesto por 15.853 empresas, o no ha pagado nada o ha pagado menos de 20 euros y tiene los mismos derechos y servicios que otra empresa que sí abona la cuota. En cambio, solo un 0'44% ha pagado más de 1.000 euros al año.
En contraposición, el valor de los servicios prestados por esta entidad y de las inversiones gestionadas ha tenido un valor que casi triplica al de las cuotas recaudadas. En el ejercicio 2010, el total de las cuotas ha supuesto unos 690.000 euros, el 51'4% del presupuesto de la Cámara de Comercio. En contrapartida, esta entidad, y sólo en inversión directa, gestiona y ofrece servicios a sus usuarios valorados en más de 1.600.000 euros.
Por lo tanto, la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar entiende que la reducción de costes que la medida adoptada supone para las empresas, principalmente las de mayor dimensión, es insignificante comparado con el daño que a medio y largo plazo puede tener sobre la mejora de la competitividad del tejido empresarial español, especialmente de las pymes, en servicios relacionados con la formación, la internacionalización, la innovación, el asesoramiento o la creación de empresas.
Aparte de esta merma en los recursos de las cámaras, la redacción de la nueva normativa mantiene su naturaleza pública (son corporaciones de derecho público) y su función de cumplir con tareas público-administrativas, pero con una financiación que deberá obtenerse de cuotas voluntarias, algo que, según Carlos Fenoy, pone en riesgo la prestación de servicios a las empresas tal y como ha venido ocurriendo hasta ahora.
Además, para Fenoy, esta situación ha creado un modelo mixto que no existe en Europa y que jurídicamente crea una situación “discutible, ya que habría que financiar servicios públicos con cuotas privadas”. Actualmente existe el formato anglosajón, en el que las cámaras actúan como asociación privada y, por otro lado, el modelo continental, donde son entidades públicas con afiliación y cuota obligatoria, en la que además pueden desempeñar otras tareas encomendadas por la propia administración como pueden ser, por ejemplo, la gestión de aeropuertos, puertos o autopistas de peaje.
La situación ha tenido ya algunas consecuencias en la actividad de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, donde ya hay algunos programas en los que no se ha renovado la contratación de sus técnicos, a la espera de conocer si se reeditan o no, y con la posibilidad de desarrollarlos con personal fijo de la Cámara.
Cuotas
El Real Decreto, según explicó a este diario Carlos Fenoy, permitirá seguir emitiendo el recurso cameral permanente a las empresas durante los años 2011 y 2012, aunque en este último ejercicio sólo a aquellas empresas que en 2010 tengan una cifra de negocio superior a 10 millones de euros.
Esto es así porque el devengo de los recibos de la Cámara se produce a la vez que el devengo del impuesto sobre el que se gira, esto es con dos años de retraso. Por lo tanto, a la entrada en vigor del Decreto durante el año 2011 todavía son exigibles las cuotas sobre los beneficios obtenidos por las empresas en 2009, tanto a través del Impuesto de Sociedades como del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas, así como en 2010 (que se emitirán en 2012) en este caso, sólo para aquellas empresas que facturen más de 10 millones de euros.
Por todo ello, la Cámara, que expresó su “firme compromiso con las empresas y con el desarrollo socioeconómico de la comarca”, ya está trabajando en un plan estratégico para que, a lo largo de este período transitorio de prácticamente dos años que ha quedado fijado por el Decreto, el organismo cameral pueda seguir prestando servicios a las empresas que, por un lado, permitan atender a las demandas del tejido productivo comarcal y, por otro, asegurar la viabilidad de la Cámara en el Campo de Gibraltar.
