Como las antiguas sufragistas norteamericanas de mediados del siglo XIX, que reivindicaron de forma organizada su derecho al voto en igualdad con los hombres, 111 empleadas del Ayuntamiento de Málaga han logrado hace unos días que un tribunal, el Superior de Andalucía (TSJA), les reconozca algo que no solo consagra la Constitución Española y el derecho de la Unión Europea, sino los tratados laborales internacionales que España ha suscrito hace décadas, para que se materialicen las políticas de igualdad salarial entre varones y féminas. O lo que es lo mismo en el ámbito empresarial público y privado: a igual trabajo o función, igual salario.
Se trata de una sentencia de la Sala de lo Social, del pasado 20 de marzo, que no solo cuestiona la gestión salarial en una empresa de titularidad municipal (Más Cerca SAM), dedicada a la ayuda a domicilio de miles de malagueños mayores o con discapacidad, sino que pone en entredicho la política de igualdad que el equipo de Gobierno, presidido por Francisco de la Torre, dice aplicar desde hace más de dos décadas.
Esta semana, la Asesoría Jurídica municipal ha anunciado, con el beneplácito del regidor del PP, en la sede judicial del Muelle Heredia que recurrirá al Supremo la sentencia favorable del más de centenar de mujeres, por no estar de acuerdo con el criterio judicial de cinco magistrados.
Presididos por el juez Manuel Martín Hernández Carrillo, sus señorías han declarado que el Ayuntamiento ha materializado durante 16 años "una discriminación de sueldo por razón de sexo" para este grupo femenino.
Una vulneración de un derecho fundamental, dice el fallo, respaldado por la Fiscalía que reclamó para cada una de las demandantes 3.000 euros de indemnización, y que pone frente al espejo la política de igualdad del Consistorio de la capital de la Costa del Sol.
"Pero el camino hasta constatar la discriminación indirecta no ha sido fácil", según explica Montse García, miembro del Comité de Empresa de Más Cerca y agente de igualdad municipal en el distrito de Churriana.
Tanto ella, como varias de sus compañeras, nunca habían ejercido de sindicalistas, pero la arbitrariedad de ver cómo en una plantilla de 198 trabajadores (el 85% son mujeres) se cobraba entre 6.022 y 9.219 euros anuales menos que otras categorías equiparables del Ayuntamiento de Málaga, hizo que la indignación se convirtiera en rebelión para que los tribunales de justicia las escuchasen.
Antes intentaron que el sindicato mayoritario entonces (CC OO) en el Comité de la empresa de ayuda a domicilio asumiera sus reivindicaciones, pero al no obtener una respuesta positiva buscaron abogados privados para explicar su caso.
"Ninguno de los despachos lo veía claro, así que decidimos presentarnos a las elecciones hace seis años por USO para pelearlo. Y las ganamos", apuntan Montse García y Begoña Aragón.
Aunque el Ayuntamiento ha atribuido las diferencias salariales a una anterior contrata de Eulen, desde el Comité se asegura que prácticamente la totalidad de la plantilla ingresó como personal laboral municipal, por lo que la responsabilidad de la situación corresponde a Recursos Humanos.
Añaden, en este sentido, que tanto el concejal Francisco Javier Pomares como los directivos de la empresa municipal sabían de la existencia de estas diferencias salariales y de las negociaciones de los convenios de 2008, 2013 y 2021, en los que se planteaban ya la igualación con el resto de empleados municipales, o de empresas como Limasa o Emasa.
La sentencia del TSJA, cuyo ponente ha sido el magistrado José Luis Barragán, recoge la existencia de un acta de la negociación colectiva, de 14 de julio de 2021, en la que la empresa municipal no solamente aceptaba la existencia de las diferencias salariales de las trabajadoras, sino que incluía un estudio del coste económico para solventarlas (1,5 millones de euros) igualándolas al personal laboral del Ayuntamiento. Una cantidad que suponía el 27% del presupuesto de Más Cerca (5,5 millones).
La crisis financiera y de las administraciones públicas en el mandato de 2011 de Mariano Rajoy hizo que el Consistorio paralizase el proceso.
"Posteriormente, en 2021, nos dijeron que sí que aceptaban la equiparación pero que deberían de consultar antes con Recursos Humanos que, sin embargo, sólo aceptó, por las limitaciones presupuestarias estatales, decían, las reivindicaciones sociales que planteamos, tales como los días de vacaciones o de permisos", recuerda la representante sindical de USO.
28% DE SUBIDA PARA OTROS FUNCIONARIOS
Pero la indignación entre las afectadas se disparó al comprobar un día cómo en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga se publicaba una subida salarial del 28% por productividad para el personal laboral municipal.
"Y decidimos entonces presentar la demanda de forma individual por discriminación salarial en razón de sexo", explican las demandantes. Y firmaron la misma hasta las jefaturas de la empresa, incluido el director de Recursos Humanos. No se aceptaba que otras compañeras en empresas municipales cobraran más que ellas en la empresa de ayuda a domicilio con categorías similares.
Desde entonces han pasado de escuchar expresiones como "feminazis", o que lo que reclamaban era una "aberración", a recibir felicitaciones que llegan también desde fuera de la provincia por esta 'Victoria de las 111'.
"Nunca hemos pretendido dañar la imagen del Ayuntamiento, pero esta sentencia la daña por no resolver esta discriminación salarial. El alcalde ni siquiera nos ha escuchado", se lamenta García, que observa perpleja cómo el Consistorio ha decidido ahora recurrir en casación al Supremo un pronunciamiento tan claro de cinco magistrados del TSJA sobre derechos fundamentales. Un recurso que eleva, incluso, las costas judiciales.
Añaden que su objetivo en este pleito laboral no era obtener una indemnización por daños morales, y recuerdan que con esos 333.000 euros, que deben de salir si se confirma por el Supremo de las arcas locales, se podrían ampliar los programas o talleres para jóvenes.
Las empleadas afectadas destacan el trabajo arduo del letrado malagueño Rafael López Serralvo, por analizar las posibilidades jurídicas para defenderlas en los tribunales y pese a que, inicialmente en septiembre de 2023, el Juzgado de lo Social 7 tampoco les dio la razón.
Y también del fiscal Jorge Brioso Díaz, que vio clara la discriminación por vulneración de su derecho fundamental a la igualdad, y que defendió con determinación en sala ante el tribunal el pago de una indemnización tan cuantiosa por daños morales.
¿Pero cómo una discriminación salarial tan palmaria no dio lugar a protestas laborales en la calle?
"Nos lo llegamos a plantear, pero por responsabilidad de las funciones que realizamos decidimos no hacerlas. Si nos hubiéramos declarado en huelga los principales perjudicados serían las personas mayores que precisan de la ayuda a domicilio, o los jóvenes que participan en talleres, o los que se comunican con el lenguaje de signos", señala Montse, que recuerda irónicamente cómo algunas de sus compañeras, agentes de igualdad, tienen entre sus cometidos asesorar al resto de departamentos del Ayuntamiento de Málaga para ampliar la equiparación de género, "mientras curiosamente en nuestra empresa, Más Cerca, se nos negaba la misma".
Y al mismo tiempo señalan como el regidor preside el Consejo Sectorial de la Mujer y asiste a todas las galas del Día de la Mujer, que se celebran cada 8 de marzo.
La imagen de una gestión local distorsionada frente al espejo institucional.
