El Ministerio Público, por tanto, le da la razón al PA y acusa directamente a Rojas de “negar” el acceso a información de diverso signo municipal solicitada en diversas ocasiones desde el 21 de abril de 2005 al 25 de septiembre de 2007. La Fiscalía ha enviado su escrito de acusación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Algeciras, el cual tiene abierto el procedimiento judicial tras la demanda del PA y que se encuentra dentro del trámite de las diligencias previas 1464/05 y dentro del procedimiento abreviado 7/08.
Tras realizar la acusación formal, la Fiscalía solicita ante el Juzgado para Rojas una pena de inhabilitación especial para el cargo público de alcalde por un tiempo de dos años y seis meses, además del pago de las costas procesales. La Fiscalía ha pedido ya la apertura del juicio oral ante el órgano designado como competente, el Juzgado de lo Penal.
Juicio oral
Para el juicio oral, la Fiscalía propone igualmente al Juzgado de lo Penal la práctica de varias diligencias de prueba, como un interrogatorio al acusado, en este caso Rojas; declaraciones testificales del portavoz del PA local, Jorge Romero, de José Luis García Álvarez y de Olga Sánchez de Medina Alcina; y la aportación de numerosas pruebas documentales.
La Fiscalía es clara en sus argumentos, diciendo que el alcalde “está legalmente obligado a procurar el acceso de todos los miembros de las Corporaciones Locales a cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten necesarios para el ejercicio de su función”.
El órgano fiscal añade que Rojas “dejó de notificar resolución alguna a las múltiples peticiones de información y documentación de interés público municipal que por escrito presentara el concejal del Ayuntamiento, a quien, transcurridos cinco días desde su petición, tampoco se le permitió ver los correspondientes expedientes, denegando el acceso a la información y documentación de interés público municipal solicitada, con razonamientos encaminados a privar al concejal peticionario de la información necesaria para desarrollar en el Pleno de la Corporación local su función de control a la acción del gobierno municipal”.
La Fiscalía, por ello, dice que los supuestos hechos “son constitutivos de un continuado delito contra los derechos cívicos, previsto y penado en el artículo 542 del Código Penal”.
El PA dijo ayer que el juicio se celebrará probablemente dentro de aproximadamente tres meses y se congratula de que la Fiscalía le dé la razón a la denuncia planteada en su día por el PA.
