IU quiere obtener todas las garantías por parte del Gobierno de España para que las 400 viviendas protegidas previstas en Navalips, la mitad de las proyectadas en el suelo de Zona Franca, sean en régimen de alquiler.
En una batería de preguntas registradas por Toni Valero en el Congreso, diputado perteneciente al grupo parlamentario Sumar, advierte de que la vivienda protegida “se puede destinar a régimen de venta bajo la modalidad de precio limitado, que supone vender suelo público a unos precios que en Cádiz alcanzaría los 2.500 euros el metro cuadrado, o incluso mantener en propiedad pública esas viviendas y destinarlas a alquiler a precios asequibles para las familias trabajadoras de la ciudad”.
Sin embargo, agrega en la exposición de motivos, “ni el Consorcio de la Zona Franca, ni la SEPI, ni la Subdelegación del Gobierno han confirmado que esta promoción vaya a destinarse a casas protegidas y en régimen de alquiler”, de modo que teme que “acaben vendiéndose a precios similares a los del mercado”.
Así las cosas, pregunta al Gobierno de España si existe colaboración entre los ministerios de Hacienda y Vivienda y la SEPI, a través de Sepides, “para que las 400 viviendas protegidas puedan destinarse a vivienda pública en régimen de alquiler”. Asimismo, Valero cuestiona sobre si han existido o existen negociaciones entre la Administración estatal, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz para alcanzar un convenio que haga posible la operación y, si no es así, plantea si el Ministerio está dispuesto a construir directamente las 400 viviendas para ponerlas en régimen de alquiler.
