La Revuelta ha elaborado un informe en el que critica la existencia de una estructura paralela municipal en los distritos, destinada a la actividad política, que se remonta a los gobiernos de PP-PA y que se mantiene en la actualidad, alejada del fin que tienen los talleres, una “inmoral e ilegal práctica” que equipara al “turnismo de Cánovas y Sagasta”, ya que cada equipo de gobierno nuevo se dedica a sustituir a los coordinadores de talleres nada más acceder al Ayuntamiento.
Cuestiona la asociación un modelo de gestión basado en la adjudicación de los talleres a una empresa privada que contrata no sólo a los monitores, sino también a los “coordinadores de distrito”, que apenas hacen seguimiento de los talleres y cuyas labores son de “apoyo” al partido político de turno.
Para La Revuelta, es necesario que el equipo de gobierno, cuyo intento de zanjar la cuestión cuando saltó a los medios limitándolo a los cinco ceses dice que les dejó “perplejos”, “desmonte” esta estructura y que se dediquen estos recursos a otros fines. Además, exige que se restituyan a los formadores las retribuciones “menoscabadas”, algo que tachan de “infame”.
Que se depuren responsabilidades
La Revuelta señala que limitan su actuación a la denuncia pública para que se corte radicalmente esta irregular práctica, pero si no ocurre, no descarta “instar a la Fiscalía a que proceda a depurar las oportunas responsabilidades legales”.
Torrijos pide el cese de Galbis en Triana
El portavoz municipal de IU, Torrijos, exigió ayer al alcalde, Zoido, que cese al vicesecretario de Nuevas Generaciones, Alberto Galbis, de los cargos que ahora ostenta como coordinador de talleres en el distrito Triana y como representante en la Oficina del Defensor del Ciudadano.
Según Torrijos, la salida de los cuatro familiares de concejales “era sólo una operación de maquillaje”, escondiendo que hay “una treintena de personas vinculadas directa o indirectamente al PP” contratados en los distritos.
Por otra parte, un informe elaborado por la Secretaría General del Ayuntamiento indica que no ha encontrado ninguna “prohibición formal” entre ser miembro de la Oficina del Defensor y trabajar en una empresa contratista del Ayuntamiento.
