En dicho documento, se exponía la voluntad del equipo de gobierno del Partido Popular de Chiclana de avanzar de forma definitiva con la tramitación de las Normas Sustantivas tal y como actualmente se encuentran redactadas.
El escrito remitido por el alcalde se motiva en la propuesta presentada y aprobada en la sesión plenaria de febrero por el PSOE y el PVRE, en la que se solicitaba la modificación de las NNSS. Dicha propuesta retrasaría la aprobación del documento, según la propia Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía, perdiendo así la esencia de solución rápida y provisional ante la anulación del PGOU.
Así las cosas, el equipo de gobierno propondrá al pleno municipal que todos los grupos con representación consistorial adopten una postura unitaria al respecto, de manera que se favorezca la inmediata entrada en vigor de las Normas Sustantivas de Ordenación en Chiclana, “prosiguiendo su tramitación en los términos en las que han sido formuladas, sin perjuicio de las correcciones que requiera el proceso de resolución de las alegaciones presentadas”.
Además, el edil de Urbanismo ha realizado un somero repaso sobre cuáles serían las consecuencias de no disponer de manera inmediata de Normas Sustantivas de Ordenación vigentes, resaltando que “Chiclana se quedará sin la ejecución de 1.200 viviendas potenciales, no podría desarrollarse el centro comercial de La Longuera, tampoco el edificio situado en la Plaza Mayor, 100 viviendas que ya poseen su licencia de obra no podrían recibir la licencia de ocupación y se quedarían sin construir dos escuelas infantiles, además del colegio que se situará en Majadillas”, entre otros muchísimos daños innumerables, como el desvalor que sufrirían las 35.000 viviendas en Chiclana tras quedar éstas en suelo no urbanizable.
Cabe recordar que el Plan General de Ordenación Urbana fue anulado por el Tribunal Supremo a finales del pasado mes de mayo, tras haber estado éste en vigor por apelaciones presentadas por el PSOE de Chiclana casi una década, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también desestimó la legalidad de dicho documento.
Tras la anulación definitiva, Chiclana ha pasado a estar regida por unas Normas Subsidiarias que datan de 1987, cuando el municipio contaba con 50.000 habitantes (el censo actual es de más de 80.000) y toda la localidad ha pasado a ser calificada como suelo no urbanizable, excepto el casco histórico, parte del litoral y la Avenida del Mueble.
Por su parte, el Partido Vecinal Regionalista (PVRE) ha remitido una carta a la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda pidiéndole que no acceda a la aprobación del documento y que pase a revisión como también piden los socialistas.
