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19/05/2024  

Andalucía

La Ley de Vivienda llegará al Parlamento antes de que finalece junio

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, anunció ayer que antes del 30 de junio la futura Ley del ejercicio del Derecho a la Vivienda llegará a la Cámara andaluza.

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, anunció ayer que antes del 30 de junio la futura Ley del ejercicio del Derecho a la Vivienda llegará a la Cámara andaluza. 


El dirigente socialista, en el transcurso de una reunión mantenida ayer en Málaga, señaló que "consideramos este tipo de políticas como esenciales, también para la reactivación de la economía". 


La norma regulará el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada para todos los andaluces, y obligará a los ayuntamientos a crear registros municipales de demandantes y a aprobar planes municipales y autonómicos de vivienda, dando la posibilidad a los ciudadanos de acudir a los tribunales para exigir que las administraciones cumplan con tal obligación. 


El texto atiende especialmente al concepto de vivienda de calidad entendiendo ésta no sólo como el recinto físico en el que se vive, sino también el conjunto de dotaciones y equipamientos que deben estar a disposición del ciudadano. 


La creación de este registro, una de las principales novedades de la futura ley, permitirá determinar el número de solicitantes de vivienda protegida; conocer de manera exacta cuántos inmuebles y de qué tipologías se necesitan en cada municipio, y pasar así de estimaciones a datos reales de demanda en los que se basarán las distintas políticas e iniciativas de las administraciones en esta materia. 


Como instrumentos efectivos para promover y garantizar el derecho constitucional y estatutario, se establecen los planes municipales y autonómicos de vivienda. En estos documentos, los ciudadanos deberán ver reflejadas las necesidades expuestas en el registro público municipal y, en caso contrario, tendrán la posibilidad de exigir esta obligación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 


Los ayuntamientos tendrán un plazo máximo de dos años para la aprobación de los planes municipales, mientras que la Junta de Andalucía deberá adaptar el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 a lo regulado en la Ley. 


Una vez que el Parlamento autonómico apruebe el texto definitivo, los andaluces que reúnan los requisitos establecidos podrán demandar a las administraciones cuando no existan o no estén adecuadamente elaborados los planes, o bien cuando el planeamiento urbanístico no recoja las disposiciones necesarias para la construcción de las viviendas requeridas.

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