La Asociación de Afectados Almazeite, en el caso de 'Almazaras de Priego', ha puesto a disposición de los perjudicados, unas 2.000 familias, un autobús gratis que partirá de la localidad cordobesa de Priego de Córdoba hasta la capital para acudir este lunes al juicio y antes de entrar en la sala tienen previsto concentrarse frente a la Audiencia Provincial a primera hora de la mañana.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del colectivo, que valoran que, "por fin, tras tantos años de lucha", se celebra "el primer juicio importante en el que se juzgan parte de los graves hechos ocurridos" en la cooperativa de Almazaras de Priego durante la campaña 2004/05 y por los que, "hasta la fecha, unas 2.000 familias de afectados dejaron de cobrar parte de su cosecha de aceitunas".
En este sentido, recuerdan que desde que Almazeite se persona en las diferentes querellas del caso 'Almazaras', "sólo nos guían tres objetivos básicos: que se aclare la verdad, se condene a los culpables caiga quien caiga y que se pueda cobrar el dinero que aún se debe", unos seis millones de euros de deuda contraída, según las fuentes.
Además, lamentan que parte de Almazaras de Priego, "solo hemos encontrado impedimentos, trabas, ataques infundados y multitud de inconvenientes que han producido en multitud de ocasiones dilatar en el tiempo todo el proceso".
Supuestamente, aunque Almazaras de Priego "debería de ser la que tendría que luchar para que se clarifique todo lo sucedido y que sus cinco cooperativas integrantes recuperen el dinero que se les debe, parece ser que no es así llegando incluso a no mencionar para nada en su escrito de acusación en esta querella al actual y siempre presidente, F.J., y al anterior tesorero A.P.", ambos imputados y posteriormente acusados por el Juzgado de Priego, la Fiscalía y resto de partes acusadoras en los hechos que se juzgan el próximo día 4 de febrero.
EL JUICIO
Al respecto, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha fijado para este lunes el inicio del juicio, en el que la Fiscalía solicita penas por un total de 44 años de prisión para siete acusados por la supuesta comisión de delitos societarios, de falsedad y estafa en la compraventa de aceite de oliva, por casi 650.000 euros, en la campaña 2004/2005, afectando a unas 2.000 familias.
Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, los siete procesados son el exgerente de Almazaras de Priego P.J.Q.C., el exsecretario N.R.J., el presidente F.J.V., el tesorero A.P.T., los responsables de Oligra F.G.B. y J.M.G.M., así como el responsable de Oleonostrum S.L. y corredor, E.F.P., a los que el fiscal también reclama unos 288.000 euros de multas e indemnización de más de 770.000 euros.
La acusación popular, en este caso la Asociación de Afectados de Almazaras de Priego de Córdoba 'Almazeite', detalló que se investigaba el cobro fraudulento de más de 600.000 euros que presuntamente pudo realizar la empresa Oligra de Granada a Almazaras de Priego mediante supuestos contratos de compraventa de aceite "ficticios".
Supuestamente, según la acusación popular, los más de 600.000 euros expuestos procedían del beneficio que Almazaras pudo tener por la operación de compraventa de nueve millones de kilos de aceite, afectando en esta supuesta estafa a cinco cooperativas que integraban la sociedad Almazaras de Priego.
En este procedimiento, según recoge el escrito del fiscal, se ha investigado la pérdida de casi 650.000 euros por parte de Almazaras de Priego en beneficio de Oligra. Por ello, Almazaras presentó una querella criminal contra el exgerente de Almazaras P.J.Q.C., contra los representantes de Oligra F.G.B. y su hijo J.M.G.M, y contra el representante de Oleonostrum, que actuó de intermediario, E.F.P., imputándose a todos ellos la presunta comisión de los delitos de estafa y falsedad documental, pidiendo el fiscal para el primero once años de prisión y una multa de 72.000 euros, y cinco años de cárcel y una multa de 36.000 euros para cada uno de los otros tres acusados.
Posteriormente, la Asociación AlmaZeite logró ampliar la querella al presidente del consejo rector de Almazaras F.J.V.; al tesorero del mismo, A.P.T., y al exsecretario N.R.J., por la supuesta comisión de un delito societario y de un delito societario continuado, al no haber cumplido presuntamente la función de garantes para que todos los hechos que se investigan no hubiesen sucedido.
LA COMPRA DE NUEVE MILLONES DE KILOS DE ACEITE
Los hechos tienen su inicio el día 13 de septiembre de 2004, cuando se suscriben dos contratos. Por el primero, Almazaras compra a Oleoliva nueve millones de kilos de aceite a 370 pesetas el kilo que, posteriormente y según el segundo contrato, son vendidos a Oligra a 382 pesetas el kilo. Con dicha operación Almazaras, en principio, obtendría un beneficio neto de 0,07 euros por kilo, es decir, en total 649.136 euros.
Dicho contrato lo lleva a cabo y lo firma el exgerente de Almazaras P.J.Q.C., e interviene como corredor el representante de Oleonostrum E.F.P. Según el fiscal, el consejo rector de Almazaras es conocedor de dichas operaciones y del beneficio que se obtendría y se mostraron conformes con ello, ya que no consta en acta ninguna consideración en su contra.
El fiscal también indica en su escrito que Oligra podría haber gestionado directamente la compra de los nueve millones de kilos de aceite a Oleoliva a un precio menor y sin embargo optó por hacerlo a través de Almazaras, aunque, P.J.Q.C., E.F.P. y los representantes de Oligra, F.G.B. y su hijo J.M.G.M, se pusieron de común acuerdo y "guiados por el ánimo de enriquecimiento ilícito ajeno" redactaron posteriormente unos contratos de compra y venta, entre Almazaras y Oligra, de 2,4 millones de kilos de aceite.
Esa cantidad de aceite primero la vendió supuestamente Almazaras a Oligra, por 365 pesetas el kilo, y luego supuestamente la vendió Oligra a Almazaras, por 400 pesetas el kilo, con él ánimo, por parte de los acusados, de conseguir el beneficio de los 649.136 euros que Almazaras pensaba lograr con el contrato de los nueve millones de kilos, como supuestamente así ocurrió. La cancelación de estos contratos, por los que se habían entregado cantidades a cuenta, junto con la emisión de pagarés y el pago de corretajes, en algún caso hasta dos veces por la misma operación, suman la cantidad supuestamente estafada.
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