Izquierda Unida ha impulsado una petición al equipo de Gobierno para que realicen una modificación en las ordenanzas municipales que regulan el reparto de propaganda en las calles, y que se haga un distingo entre la distribución de publicidad de negocios privados, y las situaciones en que son partidos políticos o colectivos, incluso las propias instituciones públicas, las que dan información sobre iniciativas, eventos o llevan a cabo actuaciones reivindicativas.
“El Ayuntamiento mezcla ambos conceptos, lo que provoca que se nos impongan cortapisas para poder llegar a los ciudadanos. Se trata, una vez más, de una clara regresión democrática”, ha indicado el portavoz de la coalición, Enrique Monterroso, al respecto.
Para el edil, el Ejecutivo local debe tener en cuenta que “cuando un colectivo ofrece información a un vecino y éste lo acepta se establece un contrato entre las partes que no comporta efectos perjudiciales ni atenta contra la ordenanza”.
Lo paradójico es que a veces es el propio Ayuntamiento el que promueve o participa en repartos de publicidad que no son sancionados. De momento han presentado una moción que el equipo de Gobierno ni siquiera ha accedido a discutir ni en pleno ni en comisión plenaria. No descartan ir más lejos en sus reivindicaciones, incluso medidas judiciales.
Los grupos de oposición, en este caso ellos mismos, deben afrontar expedientes sancionadores por incumplir ordenanzas cada vez que ejercen, dicen, el derecho a repartir información y exponer sus ideas públicamente, a través de repartos en mano, nunca manchando fachadas o las propias calles de la ciudad.
