El Juzgado de lo Penal 2 de Granada acoge este miércoles, a las 10,30 horas, el juicio contra seis vecinos y solidarios con la Casa del Aire, situada en el barrio granadino del Albaicín, tras ser denunciados por posible usurpación y coacciones por la inmobiliaria propietaria del edificio, que pide para ellos un total de 12 años de prisión, 13.000 euros de multa y 40.000 de indemnización.
El juicio estaba previsto inicialmente para el 3 de mayo del pasado año, pero la ausencia de una letrada por enfermedad obligó a aplazar hasta este 22 de mayo la vista.
El inmueble se mantiene desde hace años como ejemplo de la lucha contra la especulación urbanística en el Albaicín, y ha concentrado en varias ocasiones, fundamentalmente desde 2010, a numerosas personas contra los desahucios de sus últimos inquilinos.
A cada uno de los denunciados, que serán juzgados este miércoles, las propietarias del edificio le piden penas de un año y nueves meses de cárcel, seis meses de multa y órdenes de alejamiento de la Casa del Aire y de la inmobiliaria, más una indemnización conjunta de 40.000 euros.
Coincidiendo con la vista, Stop Desahucios ha convocado una concentración de apoyo a las personas juzgadas, que tendrá lugar a las 10,00 horas este miércoles frente a los Juzgados de la Caleta.
Según el colectivo Solidarios con la Casa del Aire, los vecinos de este edificio llevan ocho años sufriendo el "hostigamiento" de los propietarios, Edivara S.L. e Inmobiliaria Sol, que han buscado "constantemente" la declaración de ruina del inmueble, desatendiendo el mantenimiento, han dejado de pagar los suministros de agua o luz, o han ejercido distintas medidas de presión psicológica, impidiendo las visitas, por ejemplo.
Por ello, los vecinos del barrio han sido los que se han preocupado de mantener el edificio, y en denunciar los intereses "especulativos" de la inmobiliaria. De hecho, el pasado 28 de junio el Grupo de Juristas 17 de Marzo y Stop Desahucios del Movimiento 15M de Granada presentaron por este asunto la primera querella de Andalucía por acoso o 'mobbing' inmobiliario.
La querella se dirigió contra la propietaria del inmueble, y contra sus administradores o representantes legales por un delito de coacciones del artículo 172 del Código Penal, en su modalidad de acoso inmobiliario, o, alternativamente, un delito contra la integridad moral en su modalidad de actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.
Según el documento presentado, al que tuvo acceso en su día Europa Press, tras adquirir Edivara el inmueble en junio de 2005, la empresa ha intentado no reconocer los acuerdos de regularización de contratos con los anteriores propietarios, y trató de invalidarlos, tanto los de duración limitada como los indefinidos. Asimismo, según denunciaron, ha descuidado el deber de conservación del edificio con el objetivo que se declare en estado de ruina, pese a los continuos requerimientos del Ayuntamiento de Granada para que ejecute trabajos subsidiarios.
Los querellantes censuran además que Edivara no cesa en sus intentos de deteriorar el edificio para provocar la salida de sus inquilinos (ya sólo queda Manuel Prieto) y ha tirado varios de los falsos techos de las viviendas, "dejando abiertos espacios por los que las condiciones climáticas puedan hacer mella". También la empresa se ha negado a pagar los suministros básicos y a establecer baterías de contadores de agua reglamentarios y ha llegado a ejercer "coacciones directas" contra los inquilinos, como con la prohibición del paso a amigos y familiares de los vecinos, con vigilantes de seguridad, o negándoles las llaves del portal.
Clara Martínez es la última inquilina que fue desahuciada de su vivienda en la Casa del Aire, después de 22 años, y el último vecino que queda en el inmueble es Manuel Prieto. "Se han negado a rehabilitar la casa, para declararla en ruinas y echarnos. Nos han cortado los suministros. Nos han hecho todo tipo de coacciones, amenazas, golpes en la puerta, acoso constante. Actuaciones, desde mi punto de vista, anticonstitucionales", indicó Clara en la presentación de la denuncia.
Manuel, que lleva en régimen de alquiler en la Casa del Aire desde 1980, explicó entonces a los periodistas que la empresa le está poniendo problemas para arreglar el sistema de fontanería del edificio, y que ha hecho lo posible para echar de la vivienda, en la calle Zenete, 7, a sus habitantes. "Hay un patio llenos de escombros, es antihigiénico, y tengo que entrar a mi casa a oscuras, con una linterna que llevo en el bolsillo", aseguró.
