Casi dos años después de que Juan Ignacio Zoido anunciara que desbloquearía la construcción de la segunda tienda de Ikea en el Higuerón Sur, la Gerencia de Urbanismo ha aprobado de forma inicial el deslinde de las vías pecuarias que afectan a esos terrenos. Tampoco la celeridad ha sido lo que ha caracterizado otro de los proyectos estrella del alcalde, en este caso la antigua comisaría de La Gavidia, puesto que todavía queda pendiente una permuta con el Estado que podría no quedar saldada hasta dentro de tres años.
La Gerencia de Urbanismo tuvo este miércoles un orden del día bastante completo y en él se incluían dos de los temas que más han alimentado la confrontación entre el Consistorio y la Junta de Andalucía, el nuevo centro de Ikea y la Comisaría de la Gavidia. De los dos temas, uno sí que se podrá remitir a la Junta, el primero, pero el segundo aún se quedará un tiempo en terreno municipal, hasta que la titularidad sea plena hasta que se cumpla la permuta establecida en 2006.
Así, la Gerencia de Urbanismo aprobaba de forma inicial el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real del Pozo Aceite en los tramos de suelo urbanizable que discurren en los ámbitos del SUS-DMN-03 (San Nicolás Oeste) y SUS-DMN-04 (Aeropuerto Viejo), en los que se instalará la multinacional Ikea.
Para la Junta
Según Urbanismo, una vez superado este trámite, consistente en la identificación de la vía, con determinación de la superficie que tiene y el trazado exacto de la misma, le corresponde a la Junta la desafectación de la misma, lo que implica la supresión de la naturaleza de dominio público que ostenta la vía pecuaria, para su conversión en un bien patrimonial de la Junta de Andalucía.
Este paso ineludible para desafectar la vía pecuaria, el de la identificación, ha tardado dos años en darse desde que Zoido anunciara, a principios de julio de 2011, que desbloquearía la ubicación de la segunda tienda de Ikea, pelota que desde hace varios meses pone encima del tejado de la Junta, que ahora sí tendrá que pronunciarse sobre este aspecto para seguir la tramitación pertinente.
La Gavidia, a permutar
También por fin avanza, aunque dependerá del desarrollo urbanístico, otro de los proyectos estrella de Zoido: la comisaría de la Gavidia. El acuerdo incluyó la cesión de 2.000 metros cuadrados en la parcela de la Cruzcampo, en Nervión, hasta que pueda transmitirse su propiedad como equipamiento público cuando se modifiquen tanto el PGOU como el plan parcial de la zona, acuerdo que tiene un plazo de tres años de ejecución, momento en el que el Ayuntamiento, si no lo cumple, indemnizará al Estado con 183.916,80 euros.
Cuando se firmó, en 2006, la adquisición por parte del Ayuntamiento de la comisaría de la Gavidia, el Consistorio se comprometió a transmitirle esos 2.000 metros cuadrados como parcela de equipamiento público.
Esta permuta, que haría efectiva la transmisión del derecho de propiedad de la Gavidia al Ayuntamiento, aún no ha sido resuelta y sigue en negociaciones con el Estado, en concreto con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese).
El problema surge cuando, aun redactado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana y el plan del sector de la Cruzcampo (ARI-DSP-03), no se contempla esta cesión y en la actualidad es imposible la segregación de los 2.000 metros cuadrados para equipamiento público para transmitírselo al Estado, tal y como contemplaba la permuta.
Ayuntamiento y Giese han estado negociando diversas fórmulas para compensar esta permuta. De hecho, la Gerencia de Urbanismo le ofreció en octubre pasado al Estado la cesión de uso de la referida parcela, conjuntamente con la transmisión en propiedad de una superficie de 2.000 metros, calificada como equipamiento, en una zona de la ciudad a elegir entre once parcelas municipales disponibles, fórmula que declinó el Estado en enero.
Finalmente se ha acordado que Urbanismo tramite las modificaciones necesarias en el PGOU y en el plan especial para desagregar esa parcela como equipamiento público con un plazo de tres años, desde la firma del acuerdo. En el supuesto de que este plazo no se cumpliera, el Ayuntamiento de Sevilla abonará a Giese la cantidad de 183.916,80 euros en concepto de indemnización.
Según el Ayuntamiento, esta medida supone “la definitiva culminación del proceso de adquisición del edificio de la antigua Comisaría de Policía de la Gavidia por parte del Ayuntamiento, iniciado en diciembre de 2006, fecha en la que se formalizó la escritura pública por la que el Ayuntamiento adquiría esta finca”.
Para formalizar este acuerdo, el Ayuntamiento deberá solicitar al Ministerio otra prórroga (la última finalizó el 21 de marzo de este año) para culminar la operación de adquisición de la Gavidia, por lo que aún es propiedad del Estado.
Realojos
Otro de los acuerdos que ha suscitado las críticas de la oposición es la inclusión de una renta mínima de cien euros a los realojos temporales por motivos urbanísticos, que el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, defiende al implementar más “control y rigor”, apuntando a “límites” y “justicia social” ante “realojos gratis” en el pasado mandato a funcionarios con sueldos de “2.500 euros”.
Los socialistas consideran que la gestión del parque social de viviendas es presa de “criterios de rentabilidad económica” y piden que la Gerencia revise el reglamento para que la familia realojada no pague más que lo que pagaba al propietario de su piso. Por su parte, IU ha lamentado la la “enésima involución” que consuma el gobierno del PP al optar por un procedimiento “mucho más restrictivo y regresivo”.
Zoido dice que intentará no pagar más por el alquiler a Sacyr
El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que intentará que “los sevillanos no paguen más” por el alquiler del edificio de Sacyr en la Plaza de la Encarnación, donde están los servicios municipales que quedarán trasladados en julio.
Zoido ha afirmado que los sevillanos deben ver “lo que les cuesta ese convenio”, porque “si yo hubiera firmado aquello me tendría que ir”. Recuerda que en julio será una realidad el abandono de ese edificio con el traslado de los servicios y que intentará que los sevillanos no tengan que pagar esos 60.000 euros que Sacyr reclama y que se adeudarían desde 2011.
A este respecto, Fley ha explicado que el Ayuntamiento cuenta con los 21.000 euros mensuales consignados para abonar el alquiler, pero que Sacyr “no lo cobra, porque quiere que se abonen 60.000 euros”. “Dicen que hay un acuerdo verbal en el que se decía que eran 60.000 euros, pero eso no está refrendado por el órgano competente, que sería la Junta de Gobierno”, aclara.
“Es un compromiso verbal de Monteseirín, porque hay algo firmado pero él no supone ese órgano legítimo que habría de ratificar ese cambio en el convenio. Si los compromisos verbales no son refrendados no son vinculantes”, sentencia.
