El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, se ha pronunciado este martes sobre el dictamen resuelto por el Consejo Consultivo de Andalucía, en el que avala la legalidad de los contratos de arrendamiento del Hotel París, un edificio alquilado por el ente provincial que acogió varias dependencias administrativas de diferentes áreas de la institución así como una sala de exposiciones y dependencias de carácter cultural en la Plaza de las Monjas y que cerró a mediados del pasado año, dictaminando que no debe procederse a la nulidad de los mismos.
En declaraciones a los periodistas antes de iniciar el pleno del Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Huelva, y preguntado por esta cuestión, Caraballo ha señalado que este aval "cierra un proceso" que comenzó al instar al PP a la Diputación onubense a que iniciara un procedimiento de revisión de oficio de los contratos de alquiler del Hotel París por entender que eran nulos, lo cual ha sido rechazado por el reseñado órgano.
En esta línea, Ignacio Caraballo ha recordado que tras tomar posesión como presidente de la Diputación al poco tiempo se cerró el Hotel París porque "había otras necesidades y estábamos en otros tiempos", refiriéndose a la situación económica.
Así, ha remarcado que ahora el Consejo Consultivo "da la razón a la Diputación en el ajuste de la contratación, por tanto cerrado el caso", ha concluido.
En concreto, se trataba de dos contratos de arrendamiento, por un valor aproximado de siete millones de euros, durante siete años a las entidades Pablo Carrasco S.L. y Román de la Corte S.L.
Esta decisión del Consejo Consultivo emana de un procedimiento de revisión de oficio de los citados contratos realizado por el ente provincial a instancias del Partido Popular, y que la Diputación no admitió su tramitación en una primera instancia por entender que no se daban causas de nulidad.
No obstante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía instó a que el expediente de revisión de oficio se tramitara, aunque no entraba en dicha resolución en la legalidad de los contratos, circunstancia que ahora sí analiza el mencionado Consejo Consultivo.
De este modo, una vez tramitado el expediente de revisión de oficio, se ha emitido el preceptivo informe al Consejo Consultivo que ha avalado la celebración de los mismos, habiendo manifestado únicamente una discrepancia con el procedimiento seguido con la reforma inicial realizada, valorada en 266.000 euros, si bien se ha solicitado informe jurídico sobre este punto en particular por entenderse que dicha contratación también se ajustó a derecho.
