El dato revelado por el Instituto Nacional de Estadística de que, conforme a la actualización del Padrón, Sevilla ha perdido 2.186 habitantes en 2013 y se queda con 700.169 ha provocado preocupación general por si se trata del indicador de un declive con consecuencias políticas, económicas y hasta de rango, por el riesgo de perder la calificación como ‘gran urbe’ y de ser adelantada como cuarta de España por Zaragoza.
La primera consecuencia sería de índole política. Siempre que supere los 700.000 habitantes la ciudad mantendrá los 33 concejales actuales. Ahora bien, en el momento en que quedase con 700.000 justos o menos de esa cantidad perdería dos ediles (se quedaría con 31), ya que el artículo 179 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que se asignarán 25 concejales por hasta 100.000 habitantes y uno más por cada otros 100.000 o fracción, añadiendo uno más cuando el resultado final fuese par.
Con la población actual le corresponderían los 25 concejales por hasta 100.000, más 6 por hasta 700.000, más 1 por la fracción de 169, más el último por ser el resultado par, a fin de facilitar la gobernación con un número impar de ediles (33) que permita una mayoría absoluta, ya que con 32 (número par) podría generarse una ingobernabilidad por teóricos empates en las votaciones.
En un mero ejercicio de política-ficción, si extrapolamos los votos obtenidos por cada partido en las últimas elecciones municipales (mayo 2011) a una corporación con 31 ediles en vez de con 33, paradójicamente la cuota de poder entre los partidos no habría variado pese a que el PP habría perdido dos ediles, pero no su mayoría absoluta. El Ayuntamiento resultante habría sido del mismo color político que el actual, con estos resultados:
PP: 49,3% de los votos y 18 concejales.
PSOE: 29% de los votos y 11 concejales.
IU: 7,1% de los votos y 2 concejales
PA y UPyD, sin concejales.
Gran ciudad
Pese a que se ha admitido comúnmente que Sevilla perdería su condición de gran urbe si bajara de los 700.000 habitantes, técnicamente es una falsa creencia, aunque psicológicamente, y máxime si es rebasada por Zaragoza con el tiempo, la ciudad se lo tomaría como una pérdida de rango en la clasificación.
Legalmente, Sevilla no perdería la condición de municipio de gran población, ya que esta figura se instauró en la Ley 57/2013, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y en la misma se define como tales a los municipios con población superior a los 250.000 habitantes, las capitales de provincia de población superior a 175.000 habitantes, los municipios capitales de provincia, capitales autonómicas o sede de instituciones autonómicas y los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. Y es evidente que Sevilla sigue cumpliendo todos estos parámetros.
La tercera gran consecuencia con la que se ha especulado es la económica. A menos habitantes, menos transferencias ‘per cápita’ de recursos por parte de las Administraciones estatal y autonómica. Se ha estimado que de entrada la ciudad va a perder 400.000 euros por esta regresión demográfica, un dinero que no sería nada despreciable, por cuanto equivale casi al coste del alumbrado navideño de un ejercicio, según las cifras oficiales facilitadas en su día al respecto por el Ayuntamiento.
No parece que a tenor de las actuales cifras del padrón, pese a la pérdida de habitantes sufridas, la repercusión económica vaya a ser notable, ya que Sevilla sigue ostentando todas las calificaciones como ciudad que vimos anteriormente.
La financiación en virtud de la Ley de Haciendas Locales sólo se vería significamente afectada si la población bajara de 75.000 habitantes, para lo cual haría falta literalmente una hecatombe. En cualquier caso, estos parámetros no son fáciles de estimar ‘a priori’, ya que dependen de su regulación en los Presupuestos Generales del Estado, en los de la Comunidad Autónoma, en las liquidaciones de las Cuentas Generales de estas dos administraciones, etcétera, y a partir de la aplicación de unas fórmulas matemáticas.
Las consecuencias prácticas, al menos de momento, de la pérdida de población sufrida no son tan graves como al principio se pensaron, pero no por ello la caída en 2.186 habitantes en tan sólo un año deja de ser preocupante.
Reacción oficial
¿Y cuál ha sido la reacción oficial del Ayuntamiento? Zoido le ha restado importancia. Se ha limitado a decir:“Esa cifra de 700.000 habitantes, arriba o abajo, lleva en la ciudad las últimas dos décadas”. Sin embargo, muy distinta fue su reacción cuando a final de 2007 se conoció que Sevilla se había quedado en 699.145 habitantes, tan sólo 1.024 menos que ahora. Ocho días después, Zoido, por entonces líder de la oposición, anunciaba el lanzamiento de la campaña ‘Me quedo en Sevilla’, para frenar lo que calificaba como “éxodo de la población”. En una intervención ante el Comité Ejecutivo Regional del PP (A), el hoy alcalde dijo: “Desgraciadamente, en Sevilla se ha producido un éxodo masivo e innecesario que ha dado un mazazo al censo, el cual ha bajado de la barrera psicológica de los 700.000 habitantes. Esto demuestra que mientras en España otras ciudades despegan, Sevilla se ancla, al tiempo que el descenso de habitantes supone menos inversiones para la ciudad...”.
Según Zoido, si en Sevilla vivía menos gente “es porque los sevillanos se van huyendo de una ciudad con más impuestos, con viviendas más caras y con peores servicios. Monteseirín ha conseguido hacer de Sevilla -añadió- una ciudad incómoda, cara y con una vivienda a la que sólo pueden acceder unos pocos”, por lo cual no había que quedarse cruzado de brazos, sino plantear un programa de medidas (su campaña ‘Me quedo en Sevilla’) que propiciara la vuelta de los sevillanos y el freno del éxodo.
Zoido anunció que reclamaría a Monteseirín que se dirigiera “a donde corresponda” y trabajara para levantar en Sevilla 20.000 viviendas, con un cupo del 50% para los jóvenes. De estas 10.000, 3.000 tendrían que ser en régimen de alquiler (1.500 con opción a compra) y las 7.000 restantes en régimen de compra. También abogó por la creación de centros residenciales destinados a un alquiler temporal, económico y con un tiempo de disfrute máximo de cinco años, “para que puedan rotar y así esta medida pueda llegar al mayor número de sevillanos; estos centros serían como residencias universitarias, que permitirían a los jóvenes emanciparse a bajo precio”.
El hoy alcalde también propugnaba que el Ayuntamiento pusiera en marcha programas de alojamiento compartido entre personas mayores de edad, discapacitados y familias monoparentales: “Así –aseveró- los jóvenes resolverían su problema de residencia pagando un alquiler a bajo precio o gratuito a cambio de su ayuda a esas personas con problemas”.
Zoido ha tenido la oportunidad durante estos dos años y medio como alcalde de llevar a cabo las medidas que propugnaba para frenar el éxodo de población. No ha acometido ninguna, el éxodo ha continuado y ahora, frente al catastrofismo con que describía la situación con Monteseirín, dice que lo normal es que Sevilla pierda o gane habitantes según las épocas. Zoido en estado puro.
