El juicio contra los 15 presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico de cocaína entre Madrid y Cádiz que fue desmantelada por la Guardia Civil en octubre de 2012 el marco de la 'operación Aceituno' se ha suspendido este lunes, al no haberse citado a uno de los procesados y no comparecer otro, sobre el que se ha dictado una orden de busca y captura internacional.
Estaba previsto que el juicio se celebrase durante toda la semana en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, ubicada en Jerez de la Frontera. Tras su suspensión, el juicio ha vuelto a señalarse de nuevo para la semana del 7 al 11 de julio.
Cabe señalar que la Fiscalía pide penas de cuatro a ocho años de prisión para los acusados, tres de los cuales se encuentran en prisión. Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se produjeron en octubre de 2012, cuando los agentes intervinieron más de cuatro kilos de cocaína, dos de hachís y otros tantos de otras sustancias estupefacientes y realizaron una veintena de detenciones, siendo imputados finalmente 15 de ellos tras constatarse que venían dedicándose "desde época no determinada" al tráfico ilícito de cocaína.
Esas 15 personas, casi todas vecinas de Jerez y de otros municipios de la provincia gaditana, Sevilla y Madrid, están acusadas de un presunto delito contra la salud pública. Supuestamente, el procesado Antonio A.P, afincado en Madrid, proveía de cocaína "a gran escala" a otras personas que, a su vez, la distribuían por distintos puntos de España.
Según mantiene la Fiscalía, para el ejercicio de su actividad ilícita disponía de una vivienda en Madrid en la que tenía una habitación "destinada a despacho y laboratorio para la elaboración y preparación de la cocaína amén de ocultar también las cantidades que adquiría y los beneficios obtenidos en dichas ventas".
Uno de los principales adquirientes de la sustancia ilícita era el acusado Eduardo H.B, vecino de Jerez que acababa de salir de prisión y que realizaba "periódicos viajes a Madrid" para aprovisionarse de la cocaína que luego distribuía principalmente en la zona de Jerez, San José del Valle, El Puerto de Santa María y en general toda la provincia.
Para adquirir la cocaína, Eduardo H.B. contactaba telefónicamente con Antonio A.P. para mantener personalmente reuniones en Madrid, alojándose en pisos alquilados por breve periodo de tiempo o enviando a otras personas de confianza a recoger las sustancias. Así ocurrió a lo largo de 2011, año durante el que E.H.B. planificó casi una treintena de viajes a Madrid para la compra de la cocaína, si bien en 2012 la periodicidad de los viajes disminuyó por un accidente de tráfico que sufrió.
Según los investigadores, Eduardo H.B. se puso al frente de una organización dedicada al transporte de cocaína entre Madrid y la provincia de Cádiz que tenía dos líneas principales de distribución. De la primera de ellas se encargaba Juan Carlos G.L, de 41 años y vecino de El Puerto de Santa María, que se dedicaba a la distribución y venta de cocaína en esta localidad, en Puerto Real y en San Fernando, además de recoger los beneficios económicos con los que financiaban nuevas compras de droga en Madrid.
Al frente de la segunda línea estaba Francisco Javier G.G., el cual se encargaba de la distribución en Jerez utilizando una local en el que se ejercía la prostitución y donde se suministraba tanto a clientes como a otros 'camellos', que después la vendían al por menor. Francisco Javier G.G. utilizaba, a su vez, a otros dos miembros de la organización, uno de ellos su propio padre, para repartirla a vendedores de localidades como San José del Valle y pedanías colindantes.
Las investigaciones para descubrir la actividad delictiva de parte de los acusados, que se realizaron durante cinco meses, motivaron además la solicitud de intervenciones de comunicaciones telefónicas que fueron autorizadas en marzo de 2012 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez.
