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Jerez

Pelayo: \"Habrá que buscar otras alternativas si los informes definitivos del ERTE no son favorables\"

La alcaldesa cree que la advertencia de la Junta sobre el expediente de Onda Jerez “puede partir de un error” y defiende su legalidad

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No lo considera un problema ahora mismo, pero reconoce que el toque de atención de la Junta “no es agradable”. A la espera de que el proceso continúe su curso, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, confió ayer en “buscar otras alternativas” encaminadas al ahorro de los 700.000 euros que supondrá para las arcas municipales la realización del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en la radiotelevisión municipal Onda Jerez, si éste finalmente no prospera.
Con estos términos, la máxima autoridad local se refirió ayer por primera vez a la advertencia de oficio remitida por la Junta de Andalucía, en el que indica que dicho expediente podría incurrir en una ilegalidad en la normativa laboral.


En este sentido, tras apresurarse a dejar claro que “no ha habido un informe negativo, sino una advertencia” por parte de la Administración andaluza, también señaló que dicha advertencia “puede ser discutible o partir de un error” tras subrayar que Jerez Comunicación Municipal S.A. (Jecomusa) -la sociedad que gestiona la radiotelevisión municipal- “es una sociedad anónima que depende de una administración pública, pero no está sometida al derecho público”.


No obstante, en caso de que finalmente los informes definitivos del ERTE  “no sean favorables”, la alcaldesa tiene claro que habrá que “sentarse” con los trabajadores. En esta línea, explicó que el Ayuntamiento “no va a hacer nada en contra del acuerdo de la autoridad laboral” y “sin consensuarlo” con los trabajadores. Fuentes de la Junta, por su parte, detallaron ayer que el ERTE  presentado “no es aplicable” ya que, si se aplica, vulneraría el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Según detallan fuentes de la Junta, Jecomusa presentó la comunicación de regulación de empleo a fin de proceder a la reducción de jornada en un tercio de 53 trabajadores.


Dicha medida, “supondría la vulneración de la disposición adicional vigésima primera del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores”. Dicho artículo expone que  “tanto la suspensión como la reducción de jornada no es aplicable a las administraciones públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado”. Según la Junta, Jecomusa “ha recibido más de un millón y medio de euros del Ayuntamiento en el 2013 y la cifra de negocios es en ese año de 567.000 euros”.

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