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Sevilla

IU cuestiona la legalidad de las cuatro minigasolineras sin personal que Zoido \"quiere implantar\"

Consideran que esta medida, impulsada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, \"no sólo plantea serias dudas desde el punto de vista de la seguridad, sino que vulnera la normativa andaluza\"

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El portavoz municipal de Izquierda Unida de Sevilla, José Manuel García, ha manifestado este martes su preocupación ante la reciente decisión del Ayuntamiento de Sevilla de "autorizar la instalación de un total de cuatro minigasolineras sin personal en varios puntos de la ciudad, concretamente dos en Nuevo Torneo, una en la Ronda del Tamarguillo y otra el Polígono Carretera Amarilla.

   En una nota, García considera que esta medida, impulsada por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), "no sólo plantea serias dudas desde el punto de vista de la seguridad, sino que vulnera la normativa andaluza", por lo que insta al gobierno de Zoido a paralizar la implantación de estos surtidores de combustible, "mientras no se dispongan de todas las garantías legales para poder desarrollar este tipo de actividad económica en Sevilla".

   "Una vez más el PP se precipita y sólo piensa en favorecer negocios privados sin pensar en el coste que éstos conllevan para el interés general", señala el portavoz de IU. Así, advierte de que estas gasolineras "fantasmas" o 'low cost', como también se les conoce, "incumplen el Decreto autonómico 537/2004 por el que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de combustibles y carburantes en instalaciones de venta directa al público".

   Según explica García, esta normativa deja claro que en Andalucía sólo existen dos tipos de gasolineras: las atendidas por trabajadores del propio establecimiento y las que se encuentran en régimen de autoservicio, "pero no contempla la posibilidad de que haya estaciones sin personal". Por tanto, el Ayuntamiento habría dado el visto bueno a "un formato de surtidor no permitido en nuestra comunidad autónoma que, en definitiva, es la que ostenta las competencias en materia de consumo", recuerda el portavoz de IU.

   En concreto, agrega que el decreto dice que en la modalidad de autoservicio debe haber, "al menos, una persona para atender la solicitud de suministro de combustible que pudiera formular algún cliente cuyas circunstancias personales le impidan o dificulten su realización". Pero el gobierno de Zoido "se salta esta prevención legal con la excusa de que hay una demanda a la que responder, como si eso lo justificara todo", denuncia García.

   Desde IU, entienden que este tipo de gasolineras entrañan "múltiples riesgos" para los consumidores, entre los cuales mencionan la falta de vigilancia para evitar que se fume o se enciendan cerillas, mecheros o teléfonos móviles en estos puntos; la posibilidad de que se produzcan "derrames" de hidrocarburos; la "discriminación que sufren personas con movilidad reducida". "Tampoco se tiene acceso en estas instalaciones a hojas de reclamaciones ni a la vasija de medición para comprobar que se reposta lo correcto", agrega.

   Además, la federación de izquierdas muestra su rechazo a un modelo de negocio, "totalmente automatizado, que traerá consigo pérdida de empleo en el sector", algo que "no podemos permitirnos en el contexto actual de crisis y en una ciudad con cerca de 90.000 parados", alega García.

   El portavoz de IU alerta también del peligro que puede llegar a suponer la existencia de cuatro gasolineras "desatendidas" las 24 horas del día en la ciudad de Sevilla. Y es que "no estamos hablando de ninguna tontería", remarca García, quien afirma que una propuesta de esta índole hay que "consensuarla antes con los vecinos del entorno y, sobre todo, sustentarla con los mínimos estudios de impacto o seguridad, algo que el Ayuntamiento no ha hecho".

   Por todo ello, "desde Izquierda Unida nos oponemos a la implantación de estas cuatro minigasolineras sin personal", resume García, al entender que en estos momentos "no hay ningún motivo para apoyar una iniciativa que no genera puestos de trabajo, vulnera los derechos de los consumidores, favorece la competencia desleal en el sector y, para colmo, no reúne las mínimas condiciones de seguridad requeridas".
 

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