El alcalde de Íllora (Granada), el socialista Francisco Domene, ha anunciado este miércoles que renuncia a su cargo después de que el pasado julio fuera condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación en la adjudicación de la radio municipal y la edición de un periódico de ámbito local a una empresa privada prescindiendo de lo que exige la Ley de Contratación Pública.
En un comunicado, Domene señala que ha decidido dar este paso a pesar de que tiene el "convencimiento" de que tras el recurso que ha interpuesto ante la Audiencia Provincial de Granada contra esa resolución "se dejará clara" su "absoluta inocencia" en este caso, que atribuye a un proceso iniciado contra él por el Partido Popular.
Su socio en el gobierno municipal, IU, ya había manifestado su pretensión de romper el pacto que mantenía con el PSOE en el Ayuntamiento si el regidor no presentaba su dimisión, por lo que tomando esta decisión Domene reconoce que lo que pretende es "posibilitar la gobernabilidad" en el municipio.
El alcalde quiere que no se pongan "en riesgo" los grandes proyectos de presente y futuro que los socialistas, según asegura, han iniciado en Íllora, y alude por ejemplo a la próxima construcción del nuevo Centro de Salud, la rehabilitación del Castillo y la iglesia, el nuevo campo de fútbol de Tocón, la conexión en Escóznar a la red de agua potable con el área metropolitana o la construcción del nuevo colegio de Alomartes, que "son iniciativas fundamentales para los vecinos y nada puede hacer que no se lleven adelante".
Asimismo, ha aprovechado para mostrar su agradecimiento a los ciudadanos de Íllora "por su apoyo permanente y la confianza" que han depositado en él "elección tras elección". "Ser alcalde de mi pueblo ha supuesto el reto más importante de mi vida y un orgullo que llevaré siempre como bandera personal", señala el todavía alcalde, que también ha querido dar las gracias a sus compañeros de la agrupación socialista de los pueblos de Íllora y a la dirección provincial de Granada, "por el ánimo y la solidaridad mostrada en este proceso", y por todo el apoyo que asegura haber recibido "durante estos trece años de trabajo en común".
LA SENTENCIA QUE LE HA LLEVADO A DIMITIR
Su renuncia se produce después de que fuera condenado junto a cuatro de los concejales que en el momento de los hechos pertenecían a la corporación y que participaron del proceso, concretamente María Victoria Fuentes Pérez, María Ángeles Román Vega, Enrique Recio Gordo, y Antonia Blázquez Rodríguez.
La Fiscalía de Granada pedía para los cinco procesados una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve años, que la acusación particular elevaba un año más, hasta los diez de inhabilitación, aunque el magistrado Manuel Piñar les impuso una pena algo menor, de ocho años.
Los hechos se remontan al 26 de mayo de 2005 cuando el Ayuntamiento de Íllora adoptó un acuerdo relativo a la modificación de estatutos de la empresa municipal Parapanda Comunicación S.L., en la que se contemplaba, entre otros aspectos, que el gobierno y la administración de la sociedad sería regida por la Junta General (El Ayuntamiento pleno), el consejo de administración (designado por la Junta General y con representación de todos los grupos políticos) y el director-gerente.
Así, el 8 de enero de 2008 se constituyó el nuevo consejo de administración de Parapanda Comunicación, empresa pública de capital íntegramente municipal, y regida por los acusados como concejales en la corporación de Íllora.
Ya con fecha 19 de febrero de 2008 se celebró la reunión del consejo, en la que, "sin haber mediado convocatoria pública", "ni proyecto ni oferta concreta" y "con ánimo de favorecer a su representante", se adjudicó la gestión de la radio municipal y la edición de un periódico de ámbito municipal a la empresa 'Silvania Producciones S.L.', tras el voto favorable de los procesados, "conocedores de las irregularidades cometidas".
Para el magistrado Manuel Piñar, y según consta en la sentencia, con las pruebas practicadas "se acredita que los acusados tuvieron una intencionalidad preconstituida y una voluntad deliberada y consciente" de adjudicar esos servicios municipales a favor de Silvania Producciones "con el objeto de favorecer a su socio único y administrador Francisco Izquierdo por encima de cualquier otro objetivo".
Durante el juicio, el 4 de julio, el alcalde defendió la legalidad de todo el proceso y señaló que los asesores con los que contaba en el momento de la adjudicación no advirtieron de la posible ilegalidad del proceso, como tampoco lo hizo el secretario del Ayuntamiento, presente también en la reunión.
