El viernes 23 de febrero de 2015 a las 09:45 horas se concluye, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 2 de Cádiz, el juicio por la demanda, interpuesta por el sindicato CGT, contra la Delegación de Educación de Cádiz y la Consejería de Educación de Andalucía, por vulneración del derecho a huelga durante los paros convocados contra las llamadas pruebas de Diagnóstico y Escala del sistema educativo andaluz y la AGAEVE (agencia “externa” encargada de su realización) durante los días 6, 7 y 8 de mayo de 2013.
Entre los centros donde se denuncia la vulneración del derecho a huelga están el CEIP Guzmán El Bueno de Tarifa, el IES Almadraba de Tarifa, el IES Mar de Poniente de La Línea y el CEIP Nuestra Señora de las Mercedes de La Línea.
Esos días CGT, junto con otras organizaciones sindicales, realizó convocatoria de Huelga, que tenía por objeto protestar por la realización de pruebas de evaluación de escala y de evaluación de diagnóstico a realizar los días 6, 7, y 8 de mayo de 2013, por lo que se realizó la convocatoria de huelga para denunciar las mismas por lo innecesario y el derroche que suponía la realización de las mismas.
Ante la convocatoria de huelga y ante la adhesión de funcionarios que la secundaron, distintas direcciones de los centros con indicaciones de la Delegación de Educación, y que a su vez procedían de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, puesto que las sustituciones de profesorado han sido una tónica común en la Comunidad Autónoma, nombraron sustitutos de los funcionarios que habían anunciado que secundaban la huelga, en lo que es una clara vulneración del derecho a la huelga.
En el mismo sentido se incumplieron normas que establecían la forma de realización de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico para el curso 2012-2013 (Instrucciones de 2 de abril de 2013 de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, o la 18 de mayo de 2011 por la que se regula la prueba de evaluación ESCALA) con el objeto de hacer fracasar o minimizar el impacto de la huelga (nombrando a aplacadores a “dedo”, poniendo suplentes etc).
Dicha actuación fue una tónica común en toda Andalucía: instrucciones verbales desde la Inspección educativa a los directores ordenando sustituir a los profesores huelguistas “sí o sí”.
La importancia que la Consejería daba a que se pasaran las citadas pruebas, pasara lo que pasara, era tal que se llevaron a cabo ,incluso , a pesar de la filtración en blogs de Internet de varios de estos exámenes, acción que varios colectivos enmarcaron en el apoyo a la campaña de "desobediencia civil" emprendida contra dichas pruebas.
Las pruebas de Diagnóstico y ESCALA con un presupuesto de 500.000 euros de justifican además los cinco millones destinados anualmente a la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Agaeve).
Han sido además el ensayo general para las ”reválidas” establecidas por la LOMCE, y “la extraordinaria importancia y utilidad de las mismas” que defendía la Consejería se puso de manifiesto en que en el curso siguiente se suspendieran (las de diagnóstico) por la propia Consejería por lo que no se realizaron el el curso 2013-2014.
Existe ya el precedente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga que ha confirmado que ve vulneración del derecho a huelga a profesorado de un Instituto de Educación Secundaria (IES) de la localidad malagueña de Torremolinos que se negó a aplicar las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico en mayo de 2013 --objeto de polémica por la filtración previa en blogs de Internet de varios de estos exámenes--, en adhesión a un llamamiento sindical que tachaba las mismas de "inútiles y antipedagógicas", así como de "mercantilistas" y "caras".
