Un juez de Sevilla ha imputado a 21 personas, entre ellas dos ex altos cargos y tres funcionarios de la Consejería de Agricultura de la Junta, en la causa donde investiga las irregularidades en procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidos por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones para la modernización de su red de riegos.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juez de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, ha dictado un auto en el que acepta la petición de la Fiscalía e imputa a 21 personas, así como a los administradores de tres uniones temporales de empresas (UTE) que intervinieron en el concurso, al considerar que podrían haber incurrido en delitos de falsedad en documento oficial por funcionario público, prevaricación y malversación.
El juez los ha citado a declarar como imputados entre el 11 y el 30 de junio. De igual modo, y en este auto, el magistrado acepta la personación de la Junta de Andalucía y archiva el procedimiento seguido contra el ingeniero Jesús León, que es actualmente consejero del Sevilla Fútbol Club.
En el auto, el magistrado solicita además a la Guardia Civil que continúe investigando aspectos concretos "sobre adjudicaciones irregulares de estas obras y los expedientes administrativos correspondientes, el destino que se ha dado al dinero desembolsado, las entregas de regalos, las partidas presupuestarias y sobre las certificaciones de obras inexistentes".
Así, el juez ha imputado al exdirector general de Regadíos de la Consejería de Agricultura Francisco Ruiz Orta y al exdirector general de Regadíos y Estructuras de la Consejería Tomás Martínez Jiménez, así como al exjefe del Departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales Carlos Javier Rodríguez Pérez, al exjefe de Servicio de Promoción Rural Julián Martín Jorreto, y al exjefe del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales de la Delegación de Agricultura Manuel Antonio Cruz-Guzmán.
En su escrito, la Fiscalía también pidió la imputación de Diego García Santos, que era presidente de la Junta Rectora de la comunidad de regantes, y Juan Rafael Ruiz, entonces secretario de la misma, así como de varios componentes de la mesa de contratación de la comunidad y de los representantes de las empresas integrantes de las UTE que intervinieron en el concurso.
Además, pidió imputar a "aquellas personas físicas que a la fecha de estos hechos hubieran ocupado el cargo de administrador de las uniones temporales de empresa Teconsa/Elecnor/Meci/Tegner, Befesa/Alpi y 'Construcción', así como quienes han ocupado tal puesto en las empresas que constituían tales UTE".
SUBVENCIÓN DE 40,1 MILLONES DE EUROS
Según la Fiscalía, fue el 13 de octubre de 2004 cuando el presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria dictó una resolución por la que se resolvía favorablemente la solicitud realizada por esta comunidad de regantes y se aprobaba así el proyecto de modernización presentado con un presupuesto de inversión subvencionable de 66,6 millones, de los que se concedía a los regantes una subvención de 40,1, el equivalente al 60,23 por ciento del total.
La Fiscalía destaca como aspectos a investigar "si, tras la resolución de concesión de la subvención para la modernización de regadíos, la comunidad de regantes cumplió con los requisitos establecidos en la propia resolución", así como "el irregular procedimiento de adjudicación de las obras" y "el pago de la primera certificación de obra por unas obras que no se habían ejecutado".
De este modo, y según el Ministerio Público, la comunidad de regantes "no llegó a celebrar Junta o Asamblea General para aceptar la subvención", al contrario de lo que establecía la resolución de concesión, mientras que "tampoco contaba con disponibilidad de medios financieros correspondientes al importe total de la inversión para la ejecución de las actuaciones".
"Advertido el incumplimiento de esos requisitos, los responsables públicos no comunicaron estas irregularidades", mientras que los responsables de la comunidad de regantes "extendieron una certificación en la que se certificaba falazmente que el 10 de noviembre de 2004 se había celebrado una Asamblea General Extraordinaria en la que se había aceptado la subvención", a pesar de que no se celebró "en ningún momento".
Además, "faltando también a la verdad, se afirmaba que a la fecha aparente de la certificación ya se había abierto una cuenta corriente para la contabilidad, cuando todavía no disponían de los medios financieros correspondientes al importe total de la inversión para la ejecución de las actuaciones", lo que "permitió ocultar" al presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria que "concurrían motivos bastantes para revocar o dejar sin efecto la subvención que se le había concedido".
Según la Fiscalía, la comunidad de regantes convocó, por el procedimiento de licitación abierta, un concurso para la contratación de las obras relativas al 'Proyecto de Modernización de la zona regable de Las Marismas del Guadalquivir', y el Comité de Evaluación, "faltando absolutamente a las reglas establecidas en la resolución de la comunidad de regantes de 10 de agosto de 2004 y en el pliego de condiciones particulares, utilizaron criterios distintos a los ahí establecidos para la valoración de las ofertas económicas y técnicas".
El resultado final de esa "irregular forma" de puntuar las ofertas económicas fue que los licitadores que habían presentado las tres mejores ofertas económicas --Dragados, OHL/Tecniriego y Sacyr SAU/Prinur SAU/Meridional de Aguas-- quedaron en las posiciones 11, 12 y 14, respectivamente, lo que permitió que las Uniones Temporales de Empresa Befesa/Alpi y Teconsa/Elecnor/Meci/Tecnr "quedaran colocadas dentro de los cinco primeros puestos, pese a que sus ofertas económicas no se lo hubieran permitido".
"PINGÜES BENEFICIOS"
Asimismo, la Junta Rectora de la comunidad de regantes acordó revocar la primera pre-adjudicación en favor de Teconsa/Elecnor/Meci/Tecnero, de manera que, "sabedores" de esto, los representantes de Meci Works y Tegner firmaron un acuerdo con los representantes de Befesa /Alpi para que, en caso de que esta segunda UTE fuera la adjudicataria, "aquellas participaran también del negocio mediante la creación de una tercera UTE", denominada "Construcción".
Según la Fiscalía, este acuerdo "suponía que, pese a que la adjudicataria formal de la obra era la UTE Befesa/Alpi, la adjudicataria real y auténtica beneficiaria de los pingües beneficios que iba a reportar la obra de modernización era la UTE Construcción".
A continuación, los representantes de las empresas de la UTE a la que fue revocada la primera pre-adjudicación "pactaron" con el gerente de la comunidad de regantes, ya fallecido, y con el presidente, que ésta "debía indemnizarles por los perjuicios derivados de esa revocación", de manera que la comunidad de regantes "se comprometió y pagó a estas empresas una indemnización de 285.480 euros sin que éstas hubieran justificado haber incurrido en gastos durante el proceso de pre-adjudicación".
Finalmente, el contrato entre la comunidad de regantes y la UTE Befesa/Alpi se suscribió el 20 de octubre de 2005, pero hasta ese 23 de noviembre no se inició la obra necesaria para ejecutar el proyecto.
"Pese a no haberse ejecutado prácticamente nada de obra y siendo perfectamente consciente de ello", el inspector facultativo, Manuel Antonio Cruz-Guzmán López, el presidente de la comunidad, el director de obra, Manuel Vázquez Segovia, y Manuel Gámez Sánchez, como representante de la UTE adjudicataria, participaron en la elaboración de una "certificación absolutamente inveraz, que certificaba que a 4 de diciembre de 2005 se había ejecutado y acreditado obras por un importe de 4.245.826,56 euros, a pesar de que ello no era cierto".
