Un funcionario de carrera de la Junta de Andalucía ha elevado al Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la empresa andaluza Magtel, una prolija relación de contratos adjudicados por la Administración andaluza a la mencionada sociedad cordobesa, avisando de que "casi todas" las contrataciones proceden de la denominada "administración paralela".
Este funcionario, según el escrito elevado a la juez Patricia Fernández Franco el 7 de abril y recogido por Europa Press, expone en su misiva que desconoce "las circunstancias concretas" de los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla respecto a la adjudicación de los derechos del yacimiento minero, si bien muestra pormenorizadamente su opinión sobre el asunto, que a su juicio "tiene mala pinta".
Al respecto, y tras descargar del perfil del contratante de la Junta de Andalucía "las adjudicaciones que ha recibido la empresa Magtel", el funcionario aporta en documentos impresos una prolija relación de contratos otorgados por la Administración autonómica a la citada empresa cordobesa, avisando de que "casi todos" proceden de "empresas públicas" dependiente de la Junta de Andalucía. El funcionario, en ese sentido, describe a estas empresas como parte de una "administración paralela, un conglomerado mastodóntico y opaco de empresas públicas y fundaciones,000 con personal contratado a dedo entre personas afines al partido en el poder", unas empresas públicas y fundaciones que "no se rigen por el derecho administrativo".
La Junta de Andalucía, según expone este funcionario, "está usando estas empresas públicas y fundaciones como pantalla para saltarse los controles y adjudicar las licitaciones a las empresas que le conviene, de parientes y familiares", toda vez que Magtel, "desde 2009 está recibiendo un montón de millones en ayudas que según la prensa luego no justifica", exponiendo después este funcionario las conexiones entre la Junta de Andalucía y esta empresa a través de un "alto cargo" que ha trabajado en ambas.
OTRA VEZ LA MINA DE AZNALCÓLLAR
La causa, como es sabido, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.
Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641,5 millones de euros frente a los 304,6 millones de euros ofrecidos por Minorbis.
Merced a dicha denuncia, la juez Patricia Fernández Franco ha apreciado "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación y ha ordenado tomar declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asencio Coto, dado que la Administración andaluza no se habría atenido "al más mínimo rigor" a la hora de adjudicar los derechos de explotación de la mina, interesándose además la juez por el motivo por el cual el grupo empresarial adjudicatario de los derechos no fue "descalificado" del concurso internacional al "fallar en el cumplimiento de los requerimientos básicos medioambientales".
LA CATÁSTROFE DE 1998
La mina de Aznalcóllar, recordémoslo, fue abandonada después de la tristemente famosa catástrofe medioambiental de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.
Como consecuencia de la ruptura de la balsa de residuos de la mina, la multinacional sueca de la minería Boliden abandonó la explotación de Aznalcóllar, que sostenía más de 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. Para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del río Guadiamar, fue necesario un programa de restauración que supuso el desembolso de decenas y decenas de millones de euros de las arcas públicas durante varios años.
A día de hoy, de hecho, la Junta de Andalucía mantiene vivas sus iniciativas para reclamar a la multinacional sueca Boliden el elevado coste de los numerosos y laboriosos trabajos de restauración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998.
La Junta de Andalucía, tras mantener la mina en barbecho más de tres lustros y esgrimiendo las altísimas tasas de paro de la comunidad autónoma y de la comarca de Aznalcóllar, promovió finalmente un concurso internacional destinado a ofrecer de nuevo los derechos de explotación del complejo minero, de casi 950 hectáreas de superficie y con unas reservas constatadas de 35 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, principalmente cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y recursos probables por otros 45 millones de toneladas.
