El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, interrogará esta semana al expresidente del Govern Jaume Matas, al presidente de OHL y exministro Juan Miguel Villar Mir, así como a otros cuatro imputados, citados a raíz del presunto amaño en el proceso de adjudicación del hospital de referencia de Baleares, Son Espases, los supuestos tratos de favor realizados y el posible pago de comisiones en el marco de esta operación.
El juez retomará así las declaraciones previstas en esta causa y lo hará a partir de este miércoles, jornada durante la que comparecerán el propietario de la consultora Global PM, Jesús Peinado (10.00 horas) y el propio Matas (12.00), mientras que el jueves serán interrogados el asesor de Global PM, Luis Francisco Piña (10.00) y Villar Mir (12.00), y el viernes, el director de hospitales de OHL, José Magán (10.00), y el extesorero del PP balear Fernando Areal (12.00).
Sus nombres, entre otros, figuran en la querella que el pasado mes de julio interpuso la Fiscalía Anticorrupción por delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración pública a raíz de las supuestas irregularidades que rodearon a la licitación de una de las principales obras públicas impulsadas durante el último mandato de Matas.
El pasado 1 de septiembre abrió la ronda de declaraciones la exconsellera de Salud Aina Castillo, 'arrepentida' en esta causa, quien relató Matas dio instrucciones para que la oferta ganadora recayera en manos de OHL, si bien posteriormente le advirtió de que habría "problemas políticos" si el hospital no era adjudicado a una de las empresas de Florentino Pérez.
De hecho, fue finalmente la UTE formada por Dragados -perteneciente a ACS y ésta propiedad de Pérez-, FCC, Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A. la que se hizo con el contrato de las obras.
Matas, sin embargo, aseguró ante el fiscal anticorrupción Pedro Horrach que nunca dio órdenes para que fuese manipulado el proceso sino que, más al contrario, en todo momento se preocupó por que el procedimiento administrativo fuese "pulcro y objetivo".
El expresidente fue interrogado en noviembre del año pasado en la cárcel de Segovia, donde se encontraba cumpliendo una condena de nueve meses de prisión por un delito de tráfico de influencias por el primer juicio del llamado caso Palma Arena.
Por su parte, el exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien también se ha prestado a colaborar con las investigaciones, recordó en una anterior comparecencia que Matas pidió una "cantidad importante" de dinero a Florentino Pérez, a cambio de serle adjudicada la construcción del hospital.
De Santos precisó que el PP balear, bajo el mandato de Matas (2003-2007) y con la connivencia del partido a nivel nacional, exigía un 3 por ciento en comisiones con cada adjudicación pública. Y según recordó, la formación reclamó nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras para la construcción de Son Espases.
Pese a que el presupuesto inicial de los trabajos fue de 635 millones de euros, los investigadores se toparon con un elevado sobrecoste sobre el que han puesto la lupa, ya que el proyecto salió finalmente a concurso por 778,4 millones de euros.
22 TESTIGOS CITADOS
También a lo largo de la segunda quincena de septiembre han sido citados hasta un total de 22 testigos en el marco de la misma causa, entre quienes se encuentran el propio De Santos, quien comparecerá el día 23, además de exaltos cargos de la Conselleria de Salud, empresarios y miembros de la mesa de contratación que adjudicó los trabajos de construcción.
Más en concreto, el 21 de septiembre declararán Javier Vázquez, Pilar Ramos, Eduardo Inda y Antonio Nicolau, y el 22 será el turno de Carlos García, Joaquín Marcelo Fenollosa, Francisco José Moranta, Santiago Pérez y Juan Antonio Esteban.
El 23 han sido citados Gabriel Sampol, Esteban Bardolet y Rodrigo de Santos; el 24, la exjefa de gabinete de Matas, María Umbert, el jefe de Servicio de la Asesoría Jurídica del Servicio de Salud de las islas, Francisco Ferrer, Margalida Ensenyat y Luis Alegre; el 25, Antonia Estarellas, Bernando Salvá, Juan Seguí y José Corcoll, y el 29 Alfredo Rubén Fernández y José María Fiol.
ADJUDICACIÓN EN LA QUE "LA PERVERSIÓN ALCANZA SU MÁXIMO EXPONENTE"
En su querella, admitida por Castro el pasado mes de julio, el fiscal Pedro Horrach asevera cómo en el concurso para la construcción y explotación del hospital "la perversión alcanza su máximo exponente" y asegura tajante que tras la "realidad formal" de este expediente administrativo hay "una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias".
En su denuncia, el fiscal recalca asimismo cómo en este proceso se da el "paradigma" con el que "con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida".
Y en cuanto a los presuntos autores de los hechos, apunta que fue Matas quien "ordenó la manipulación del concurso" a través de Aina Castillo, Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz, "para beneficiar ilícitamente" a la Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por OHL.
DEMANDA DE OHL
Como consecuencia de estos hechos, OHL interpuso una demanda en mayo de 2007 contra la decisión adoptada en último término por el Ib-Salut, así como contra el encargo de este organismo público para que los Colegios Oficiales revisaran la valoración económica de las distintas ofertas.
En su demanda, la promotora alegaba que en el informe definitivo de julio de 2006 realizado por Global PM se afirmaba que, aun siendo la más cara, la mejor oferta era la de OHL "pues la diferencia en la oferta técnica es enorme". Pese a ello, recriminaba que el Colegio de Ingenieros alterase el sistema de calificación y apuntase a Dragados como la mejor opción, desconociéndose el autor del informe técnico elaborado por esta institución.
Sin embargo, la demanda fue desestimada recientemente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, que confirmó la adjudicación a Dragados, un fallo que coincide en el tiempo con las investigaciones que, de forma paralela, impulsó la Fiscalía Anticorrupción.
