La Comisión Municipal de Auditoría y Transparencia se ha constituido esta mañana con la presencia de representantes de todos los grupos municipales, cumpliendo de esta manera el objetivo de la Corporación municipal de actuar con la máxima transparencia y eficacia de cara a la ciudadanía. Se cumple además uno de los acuerdos de investidura entre el gobierno municipal y los partidos que apoyaron la investidura de Mamen Sánchez como alcaldesa de la ciudad.
La Comisión está constituida por una representación de todos los grupos municipales que conforman la Corporación, de acuerdo a la representación que tienen en el Pleno municipal. Presidida por Santiago Sánchez, concejal de Ganemos, ha quedado constituida por once miembros de la Corporación: cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, tres del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español, dos del Grupo Municipal Ganemos Jerez, uno del Grupo Municipal de Izquierda Unida y uno del grupo Ciudadanos.
En esta primera reunión se han establecido también las normas de funcionamiento de la Comisión Municipal de Auditoría y Transparencia y el reglamento orgánico que la va a regular. Asimismo, se han abordado las propuestas de trabajo de la comisión.
Hay que recordar que los grupos municipales acordaron por unanimidad, en el Pleno celebrado el pasado 30 de julio, la constitución de la Comisión Municipal de Auditoría y Transparencia y la aprobación de su régimen de funcionamiento.
El objetivo de la Comisión es implementar en el Ayuntamiento un modelo de transparencia plena de la gestión de municipal, siendo su ámbito además del Ayuntamiento, los organismos autónomos, las empresas municipales y las fundaciones. Se ofrecerá toda la información relativa a las actuaciones municipales, situación económico-financiera, contratación pública, convenios, subvenciones, gestión urbanística, retribuciones, organización municipal, normativa, acuerdos adoptados y datos estadísticos.
Una de las funciones destacadas de la Comisión será impulsar, de manera independiente, una auditoría ciudadana de la deuda y la gestión municipal de, al menos, los últimos 12 años como un instrumento de control ciudadano que permite examinar y evaluar los procesos que ha originado la deuda pública, no sólo con la finalidad de determinar la fiabilidad de los datos contables sino también si han sido legítimos y transparentes.
