El portavoz de Por Chiclana Sí Se Puede (PCSSP) compareció en rueda de prensa el viernes para explicar la moción que presentarán, de manera conjunta a otros partidos de la corporación, para pedir la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad al actual gobierno y a los partidos que se presentan a las próximas elecciones del 20D.
“La Ley 27/2013 viene a hacer efectiva la reforma del artículo 135 en los municipios, que prioriza el pago de la deuda por encima de todos los Derechos”, declaró el concejal.
“Ésta ley además supone un recorte de forma indiscriminada en las competencias de los Ayuntamientos en materias tan sensibles como Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Cultura y Mujer; entre otras”, explicó el edil, que contó que, “en el caso de Servicios Sociales, por ejemplo, solo vamos a poder valorar y socorrer las emergencias”.
Por otro lado, se elimina la capacidad de inversión en consistorios que tengan aplicados Planes de Ajustes, “que son auténticos memorándums municipales”, limitando la actuación pública en la economía.
“Esto supone la imposibilidad de municipalizar los servicios y que continúe la dinámica de privatizaciones, entre otras cosas”, apostilló el concejal.
PCSSP señala que esta ley supone “una pérdida enorme de democracia y capacidad de actuación para los ciudadanos y ciudadanas”, puesto que “los Ayuntamientos son las administraciones más cercanas a la gente, con las que más se pueden identificar e interactuar”. Según el portavoz de la formación, “quitar capacidad de actuación a los Ayuntamientos es limitar la política a la ciudadanía”.
REBELDÍA CONTRA LA LEY
Para Daniel Martín, “no sólo hay que pedir que deroguen la actual ley, sino que tenemos que tener el compromiso firme de las fuerzas políticas de que se va a legislar en un sentido totalmente opuesto”.
Y, mientras que eso ocurre, “hay que intentar actuar siempre que sea posible en la dirección contraria: debemos dar voz y participación, debemos salvaguardar lo público y cuestionar la deuda”. Respecto a este último punto, la formación recuerda que tienen intención de declarar ilegítimos los intereses de los Fondos de Financiación de Pago a Proveedores.
“Además, la rebeldía no solo se hace desde dentro, sino también y sobretodo desde fuera: hay que concienciar a la gente de que estas medidas son antidemocráticas y antisociales”, concluyó el concejal.
