Desde que el Tribunal Supremo (TS) declarara a finales de septiembre nula de pleno derecho la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella del año 2010, el urbanismo vuelve a ser, para bien o para mal, el protagonista de una ciudad marcada por sus planes generales.
Oportunidad para establecer unas directrices claras en el diseño de la ciudad o un desastre para el desarrollo urbanístico; un acicate o un paralizador de inversiones; son las posturas que plantean políticos, urbanizadores, arquitectos y abogados tras la sentencia judicial.
El alcalde de Marbella, José Bernal (PSOE), dice que esta anulación es una "oportunidad" para resolver "de una vez por todas, un problema de hace 30 años", una normativa al vaivén de los colores políticos, las irregularidades urbanísticas, las amenazas de demoliciones, las denuncias y las sentencias judiciales.
Los técnicos y las asesorías jurídicas del Ayuntamiento de Marbella y de la Junta de Andalucía trabajan de forma coordinada para encontrar una fórmula transitoria hasta la elaboración de un nuevo plan, que el regidor estima podría estar concluido en dos o tres años.
Mientras esto ocurre el regidor insiste en que "paralización ninguna, actividad mucha" y pone como ejemplo que, desde que se conoció la sentencia del TS, se han registrado inversiones de 100 millones de euros en la adquisición de parcelas para desarrollos inmobiliarios.
En esta misma línea optimista se sitúa Ricardo Arranz, presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, que considera una "suerte" que el Supremo haya anulado un plan, el del 2010, que era "ineficaz" e "imposible de gestionar" y apuesta, a diferencia del alcalde, por modificar y actualizar el de 1986.
"El plan de 1986 es mil veces mejor que el de 2010, ofrece más posibilidades y más legalidades y sólo necesita que un equipo de profesionales lo adapte con sentido común", expone.
Al tiempo que advierte que redactar un nuevo plan con un equipo de gobierno cuatripartito en el Ayuntamiento de Marbella (PSOE, IU, Opción Sampedreña y el apoyo de Podemos) será tarea "imposible".
Arranz esgrime además que las leyes urbanísticas superiores de la Junta de Andalucía están "obsoletas y son irracionales" lo que impediría el desarrollo del PGOU que Marbella necesita.
Y pide agilidad por que "el dinero es muy cobarde, ahora hay avalancha de inversores que si no vienen aquí buscarán otro sitio donde les den seguridad", señala.
Elena Narváez, presidenta de la Asociación de Usuarios del Mercado Inmobiliario, coincide con Arranz en que experimentamos en estos momentos un repunte en el sector inmobiliario, pero cree que la anulación del plan de Marbella ha sido "muy inoportuna" provocando una situación de "incertidumbre".
La abogada solicita que "no se confunda" y no se promueva una "falsa seguridad" que fue lo que provocó en épocas anteriores que compradores de buena fe, por falta de información, adquirieran viviendas irregulares.
"Lo que hay que vender es la realidad, hay que aprender de todo lo que hemos sufrido y dotar al sector de mayor transparencia, legalidad y confianza", pide Narváez.
¿Cuál es la postura de los arquitectos? Francisco Carrera, del servicio de asesoramiento del Colegio de Arquitectos de Málaga, explica que la "inquietud" entre sus colegiados no es que se paralice el sector, porque hay un plan, el de 1986, sino que ese marco de actuación no está claro.
Recuerda que el PGOU de 1986 no fue aprobado definitivamente: "no es un texto íntegro ni unitario, estaba pendiente de la aprobación del texto refundido que, por cambio de corporación municipal, no llegó a realizarse, por lo que es necesario que alguien ponga orden".
Lo que parece estar claro, y en lo que todos coinciden, es que hay que dar seguridad jurídica y urbanística, ya sea con una fórmula transitoria, desarrollos puntuales del plan de 1986, actualizaciones de ese documento o con un nuevo PGOU.
La historia interminable del urbanismo en Marbella escribe un nuevo capítulo que, como las buenas novelas, incorpora suspense y un final impredecible.
