El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este martes en sesión ordinaria, ha aprobado de modo inicial una modificación de la ordenanza municipal destinada a luchar contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. Esta modificación incide en el marco sancionador, la labor de la Policía en casos de prostitución y explotación sexual en la calle y la lucha contra publicidad que favorezca la explotación sexual.
La concejal de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Myriam Díaz (PSOE), ha defendido esta modificación de la ordenanza de lucha contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, recordando que esta regulación municipal nacida en 2011 fue una norma "pionera e innovadora" que ha sido "modelo y referente" para otros ayuntamientos.
En ese sentido, ha expuesto que tras recoger "algunas aportaciones", se ha decidido "introducir aspectos" que no suponen una "modificación sustancial" de la ordenanza, sino una "mejora" de la misma en lo que concierne al trabajo policial, la publicidad y la tramitación de las sanciones.
Así, y según la documentación recogida por Europa Press, en casos de prostitución y explotación sexual en la vía pública se añade en la ordenanza que se considerará que ha existido pago "cuando se haya observado (por la Policía) el intercambio de dinero y/o especie, cuando así se reconozca por quien ha ofrecido el pago o retribución o cuando se observen otras circunstancias que, a juicio del agente, prueben que ha mediado dicha transacción". Del mismo modo, se agrega que en los procedimientos sancionadores, "los hechos constatados por agentes de la autoridad tienen valor probatorio".
Además, se incorpora como "prohibida la publicidad que favorezca la explotación sexual en cualquier medio audiovisual; folletos, panfletos, o cualquier otro formato en papel; o los ya existentes como publicidad móvil, vehículos remolques, o cualquier bien de uso público, edificios municipales, fachadas o cartelería", con incidencia según la edil en las pantallas de los centros comerciales. Finalmente, se modifica la tramitación de las multas para revisar los plazos de acuerdo a la normativa y "reducir las
prescripciones", canalizando las notificaciones a través de la Agencia Tributaria.
IU RECELA DE LA MODIFICACIÓN
La concejal de IU-CA Eva Oliva, en ese sentido, ha dudado de que sea necesario modificar la ordenanza y ha alertado de que los cambios promovidos implican incluso "disminuciones" en algunas de las penas tipificadas en materia de publicidad. Avisando de que las modificaciones pueden suponer un "retroceso bastante importante" en el contenido y efecto de la ordenanza, por aspectos como la supuesta rebaja de las penas, ha reclamado la "retirada" de la revisión, avisando de la abstención de IU-CA y la presentación de alegaciones.
Por Participa Sevilla, Susana Serrano ha alertado de que tanto en la ordenanza como en el discurso del Gobierno local socialista hay "confusiones de términos", al no mediar "distinciones" entre la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual y "otro tipo de situaciones" de "trabajo sexual". "Son situaciones diferentes. No todas las mujeres que ejercen la prostitución entienden que el trabajo que desarrollan sea una situación de violencia hacia las mujeres, aunque es cierto que se da mucha violencia machista en este tipo de trabajo", ha dicho.
"Es un problema muy complejo y con muchas aristas", ha dicho manifestándose en desacuerdo con que se trabaje "exclusivamente en una línea punitiva", porque hay que "garantizar un mínimo de derechos" a las víctimas de explotación sexual. En ese sentido, ha avisado de que Participa no ve "avances" en la materia.
LAS COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
Por Ciudadanos, Javier Moyano ha aclarado que aunque la formación naranja apoye la modificación del texto por "eficiencia administrativa", hay "muchas posiciones" que no comparte. A su juicio, la ordenanza requiere quizá "una revisión profunda", si bien ha recordado el límite competencial del Ayuntamiento.
La socialista Myriam Díaz, frente a estas críticas, ha negado "retrocesos" en la ordenanza, defendiendo que en la misma "está claro que la víctima es la mujer, a la que protege y facilita una segunda salida". Así, ha negado que el régimen punitivo se dirija contra las mujeres. Además, alega el Gobierno local socialista que el precio de las sanciones en materia de publicidad o contenido que favorezca la explotación sexual experimenta una "unificación", pero no una reducción.
Finalmente, la modificación de la ordenanza ha sido aprobada inicialmente con la abstención de IU-CA, el voto contrario de Participa, y el voto a favor del PSOE, el PP y Ciudadanos.
