La huelga convocada por el Comité de Empresa del personal docente e investigador (PDI) laboral y promovida por la Asamblea de Ayudantes Doctor y Contratados Doctor Interinos de la Universidad de Sevilla (US) por la precariedad de sus condiciones se inicia a partir de este lunes sin que, no obstante, la misma vaya a afectar a la realización de los exámenes.
En este sentido, la Dirección General de Relaciones Laborales y de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía ha emitido una resolución en la que establece que en cada centro se realizarán todos los exámenes que se encuentren debidamente programados desde el día 11 de septiembre --desarrollo, evaluación y calificación de los mismos-- y que deberán atender estos servicios "los profesores indispensables", es decir, todos aquellos responsables de las asignaturas y departamentos correspondientes.
Ello obedece, según el texto de la resolución, al que ha tenido acceso Europa Press, a que la realización de estos exámenes a los estudiantes constituye "un servicio esencial cuya prestación debe ser garantizada"; ello, a pesar de que el comité de huelga pedía unos servicios mínimos del 0 por ciento, justificándolo en que "no existe causa que motive la imposición de servicios mínimos por no estar afectado ningún servicio público esencial de repercusión inmediatísima y urgente".
Concretamente, la resolución confirma que cada profesor que es responsable de una asignatura (impartida en distintos grupos) "está obligado con los alumnos de ese grupo, de acuerdo con el temario impartido, sistemática establecida y nivel de exigencia, a elaborar y desarrollar su examen, y posteriormente a corregirlo y calificarlo". Además, no hay opciones a convocar los exámenes en otras fechas, pues el calendario, "muy ajustado, ya se aprobó en mayo de 2016".
Y es que, sostiene la autoridad laboral, el conflicto laboral podría impedir al alumnado acceder al curso siguiente e incluso no poder acceder a la titulación de Grado o Máster, "lo que supone un grave perjuicio al interés general que exige establecer un equilibrio entre el derecho a la huelga de los trabajadores y el de los alumnos". "Es evidente que no se puede exigir al alumnado que sufra la pérdida de su derecho a la finalización de sus estudios", ni tampoco se puede impedir el cierre del curso académico, añade.
Previamente, la asamblea prorrogó del 4 al 11 de septiembre la celebración del paro y remitió sendas cartas dirigidas al consejero andaluz de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, y al secretario general de Universidades, Manuel Torralbo, solicitando una reunión en la que instaban a la administración regional a aportar "soluciones" a su situación de "discriminación" laboral.
El mayor plazo obedecía a una pretensión de intentar desbloquear el conflicto y con la voluntad de "mostrar una imagen negociadora y evitar dañar los exámenes", pese a lo cual la huelga no se desconvocaba, sino que simplemente se daba un margen de una semana más para llegar al acuerdo.
Así se comunicó a la universidad y a la autoridad laboral una vez aprobada la propuesta, según la asamblea, que también validó continuar activamente las movilizaciones e ir sumando a las mismas a todas las universidades andaluzas, y que recalcaba su disposición al "diálogo" con el que "poder encontrar soluciones que permitan encauzar la situación y evitar una huelga que afectaría, desgraciadamente, a los exámenes de septiembre".
