La Fiscalía Provincial de Córdoba advierte del "importante aumento" de procedimientos incoados en 2016 por delitos de prostitución coactiva que cifra en más de un 50 por ciento con respecto al año anterior, obedeciendo dicho incremento con "el considerable aumento" de pisos prostíbulos existentes en la capital.
Según se recoge en la memoria del Ministerio Público relativa al año 2016, a la que ha tenido acceso Europa Press, frente al citado porcentaje han disminuido paralelamente los atestados instruidos por inspecciones policiales realizadas en clubes de alterne, apreciándose tan solo en solo en éstos últimos infracciones administrativas en materia de extranjería respecto de las personas que ejercen la prostitución en los mismos.
Mientras, respecto a la mujer inmigrante y menores, la Fiscalía destaca, que este año se ha dado cuenta por Cruz Roja de la situación de vulnerabilidad por riesgo de sometimiento de trata tan solo de dos menores, "hijos de posibles víctimas", cuando el año pasado fueron diez. Ha influido en ello la nueva regulación de las situaciones de riesgo y de desamparo, entre otros aspectos, pues "claramente desplaza las competencias en materia de riesgo en las entidades locales".
Además, se apunta que sí se tuteló a tres menores como víctimas de trata, que entraron en España alegando ser mayores, "siendo notoria la minoría de edad de dos de ellas", mientras que la tercera se determinó tras la práctica de pruebas de determinación de edad. El único caso que estaba pendiente de resolver en el año 2016 era el de tres menores de Camerún, de las que se daba cuenta en la anterior memoria.
En concreto, ante el cese de la tutela acordada por el Servicio de Protección, se formuló escrito inicial de oposición a dicha resolución en el año 2015 y posterior demanda en febrero de 2016, que ha sido estimada por el Juzgado, por lo que la entidad pública sigue ostentando la tutela de las tres menores, pero "sigue sin activar" el convenio de La Haya, relativo a la competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, que "sería aplicable".
Así, las tres menores identificadas como víctimas de trata ingresaron en centros de protección ordinarios, pese a que desde la Fiscalía se dirigieron oficios al Servicio de Protección con el objeto de que se procediera al traslado de las menores a un recurso especializado. "Claramente los profesionales de un centro ordinario no saben abordar esta compleja problemática", según argumenta el Ministerio Público en la memoria.
A pesar del "requerimiento y advertencias oportunas", el traslado no tuvo lugar y, si bien consta que "se emplearon algunas cautelas, como restringir las salidas a las menores, lo cual causó mucho malestar en las mismas, lo cierto es que el 27 de septiembre de 2016 dos de ellas que se encontraban en el mismo centro desaparecieron".
Por su parte, la tercera menor cumplió los 18 años en el mes de diciembre y ahora sí, una vez alcanzada la mayoría de edad, se derivó a un centro específico para víctimas de trata en otra provincia, pero "durante la minoría de edad de la misma no contó con ese recurso", señala la Fiscalía.
Al respecto, precisa que "se incumple con ello" el protocolo marco de las víctimas de trata de seres humanos, entre otras normativas, a lo que agrega que "el Plan integral de lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas 2015-2018 prevé en su punto 94 el traslado a un recurso especializado, incluyendo entre los agentes a las comunidades autónomas".
En este punto, el Ministerio Público indica que "lo más lamentable es la pasividad de la administración ante la ausencia de recursos para menores víctimas de trata, sin que llegue a acuerdos de colaboración con entidades especializadas". Por tanto, apunta que "para menores víctimas de trata no hay recursos en Andalucía, y sí en otras comunidades autónomas, pero son reacias a admitir menores de otras comunidades".
MENDICIDAD EN LAS CALLES
En otro orden de cosas, la Fiscalía informa de que en el año 2016 se han recibido más de 20 escritos de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma sobre el ejercicio de la mendicidad de ciudadanas de origen rumano en compañía de sus bebés por diferentes zonas de la ciudad, "estando expuestos a las contingencias climáticas de cada época".
Se trata de informes modelo y en todos los casos se procede a la identificación de las madres, levantándose la correspondiente acta de notificación, tanto en castellano como en rumano, a través de la cual se pone en conocimiento de la progenitora "la ilegalidad de la conducta que ejerce", remitiéndose la misma a la Sección de Protección de Menores de la Fiscalía Provincial de Córdoba y al Servicio de Protección de Menores a los efectos oportunos, no así al Juzgado de Instrucción de guardia.
Por parte de Ministerio Público, se procede a incoar las correspondientes diligencias de riesgo, remitiendo oficios al Servicio de Protección de Menores y a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, cuya Unidad de Calle interviene, a fin de "detectar las posibles situaciones de riesgo o desamparo en que se pudieran encontrar dichos menores".
En este sentido, en Córdoba se han abierto en esta materia un total de 33 diligencias, dictándose 30 decretos, de los cuales 25 fueron de mayoría de edad y cinco de minoría de edad, observándose "un aumento considerable" respecto de los diez incoados en el año 2015.
