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Rivas se reencuentra con sus hijos en Italia y confía en ganar

Rivas llegó a Cagliari y tenía permiso para reunirse con sus hijos hasta el 1 de noviembre, gracias a una autorización judicial

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  • Juana Rivas y su hermana -

Juana Rivas se ha reencontrado este martes con sus dos hijos, de once y tres años, a los que ha podido recoger una vez que el Tribunal de Cagliari (Italia) ha resuelto que permanezcan con ella hasta este miércoles aprovechando su visita a esta capital italiana para asistir a la vista preliminar sobre la custodia, que confía en obtener finalmente cuando se dirima el asunto a finales de noviembre.

"Juana está encantada y emocionada, y los niños, también; como si no hubiera pasado nada. Parece que han estado juntos siempre", ha relatado a Europa Press una de las abogadas de Juana, María Eugenia Álvarez, minutos después de que ambas recogieran a los niños en Cagliari, capital de la región de Cerdeña. Permanecerán juntos hasta las 13,00 horas del miércoles, cuando Rivas cogerá un avión de vuelta a España.

El conflicto vivido en las últimas horas sobre la estancia de los menores con la madre mientras estuviera en Italia ha centrado la mayor parte de la vista que se ha celebrado este martes en el Tribunal de Cagliari, donde Juana Rivas y su expareja han declarado "por separado" y han sido interrogados por este asunto.

Se ha tratado de una especie de comparecencia preparatoria que se ha prolongado durante casi tres horas, y con la que se activa este procedimiento por el que se irán practicando más pruebas y diligencias en los próximos días de cara a la vista principal.

El equipo jurídico de Juana Rivas ha terminado de formalizar esta mañana ante la Policía italiana una denuncia contra Arcuri por un posible delito de desobediencia después de que el lunes no le entregara a los niños atendiendo a la resolución del tribunal, según ha precisado a Europa Press otro de los abogados de la madre de Maracena (Granada), Juan Manuel Pérez.

Por su parte, el abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, ha señalado a Europa Press que "en ningún momento" se han opuesto a que la madre pueda ver a los niños, pero han venido interesando que las visitas fueran monitorizadas por profesionales ante un "temor fundado" de que pueda actuar en contra de la "estabilidad" que tienen ahora. "Llevárselos" o "desestabilizarlos" psicológicamente dados los "precedentes" que se han vivido en este caso.

Actualmente, Arcuri cuenta con la guarda y custodia provisional de los menores y Juana Rivas tiene derecho a un sistema de comunicación por videollamada diaria. El padre reclama mantener la custodia y el pago de 500 euros mensuales por parte de la madre hasta que sean mayores de edad.

En paralelo, se interesará que la justicia española condene a Rivas al abono de los aproximadamente 21.000 euros que ha gastado Arcuri por el proceso, la estancia y la pérdida patrimonial derivada de tener que permanecer en España más tiempo de lo previsto en tanto que ella estuvo casi un mes ilocalizable sin entregarle a los niños.

SE ABORDARÁ EN NOVIEMBRE

No obstante, en las comparecencias de ambos este martes ante el tribunal no se han abordado estos temas, tampoco la supuesta sustracción de los menores por parte de la madre o los presuntos malos tratos que habría sufrido a manos de su expareja.

A partir de ahora, las partes articularán todo tipo de pruebas que quieren aportar a este proceso por la vía civil para dirimir sobre la custodia de los pequeños y el régimen de visitas.

Al margen de este proceso, Juana Rivas está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por supuesta desobediencia judicial y sustracción de menores después de que saliera de Italia con los niños sin el permiso paterno y pasara un mes ilocalizable incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos a Arcuri, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada ha acordado recientemente no reabrir las diligencias previas ni tomar las medidas cautelares que solicitó Juana a finales de agosto por unos presuntos malos tratos que se habrían producido entre los años 2013 y 2016 en Italia, donde ella tenía fijado su domicilio habitual. La magistrada toma esta decisión al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana.

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