El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el exasesor urbanístico del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca se enfrentan a una petición fiscal de nueve años de prisión cada uno por supuestas irregularidades urbanísticas a través de siete convenios urbanísticos.
El juicio comienza mañana en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados también se sentará un empresario, que representaba a tres sociedades, como autor por inducción, según han indicado a Efe fuentes judiciales.
Julián Muñoz está acusado de ser el autor material de un delito continuado de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y fraude continuado en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.
Roca y el empresario están acusados por los mismos delitos pero como autores por inducción y debido a dichos convenios ilegales hubo un perjuicio económico de 5.080.655 euros al Ayuntamiento de Marbella.
Además de la pena de nueve años de prisión se les pide a cada uno de ellos una pena global de veinte años de inhabilitación para empleo o cargo público y quince años de inhabilitación absoluta.
Todas las parcelas objeto de los siete convenios formaban parte del sector "Elviria Sur" en Marbella y el fiscal mantiene que fueron "negociados, redactados y firmados en la sociedad municipal Planeamiento 2.000, SL, controlada por Roca, con la "inestimable autorización y participación" de Julián Muñoz así como la necesaria cooperación del promotor y constructor acusado.
Para el ministerio público los tres acusados ignoraron cualquier tipo de norma y procedimiento administrativo o respeto mínimo a cualquier normativa urbanística.
Ninguno de los convenios fueron aprobados por el órgano de gobierno municipal, pese a que se supeditaba su eficacia a dicha aprobación.
Para el fiscal, el incremento grosero de los índices de edificabilidad de las parcelas suponía, en perjuicio de la calidad medio ambiental de Marbella, "la generación de grandes beneficios para todos", pues la rentabilidad de los metros cuadrados de nuevo construcción tenían un precio superior de venta y, además, un precio sensiblemente inferior de coste, tanto de suelo como de construcción.
El ministerio público destaca en su escrito acusatorio que delitos de este tipo perjudican la calidad de vida de los ciudadanos ya que al incrementar el número de viviendas en una parcela (en este caso se llega a duplicar e incluso más) no solo infringe la norma, "la pervierte y genera un perjuicio constante, diario y perverso".
Ya que al incrementar las viviendas se incrementa el número de habitantes por metro cuadrado y las infraestructuras creadas y previstas para un volumen de población inferior, generan relevantes perjuicios colaterales.
Entre dichos daños, el fiscal, señala que es mucho más complicado circular, aparcar, se incrementan los niveles de ruido y de estrés, menos luz y vistas, colectores o desagües se atoran, y la presión del agua corriente será muy inferior al estar prevista para menor población.
