El PP de Sevilla ha alertado este martes de que como consecuencia del nuevo sistema instaurado por la Junta de Andalucía para transferir a las corporaciones locales la financiación correspondiente al servicio de ayuda a domicilio, que en 2017 pasó de un modelo de pagos semestrales y por adelantado a liquidaciones mensuales a periodo vencido, la prestación de este servicio en los más de 80 municipios sevillanos abarcados por la Diputación en esta materia arrastra un "retraso de seis meses" en el pago de las labores prestadas, con "12 millones" pendientes de ser abonado.
La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, junto al secretario general de los populares sevillanos y diputado provincial, Juan de la Rosa, y la diputada provincial Isabel Díaz, ha celebrado este martes una rueda de prensa en torno a la fórmula implantada en 2017 por la Junta de Andalucía, para transferir a las administraciones locales los fondos asociados a los servicios de ayuda a domicilio, encuadrados en la Ley de Dependencia.
En concreto, se trata de una orden emitida en junio de 2017 y recogida por Europa Press, que determina que "las fuentes de financiación del servicio son las aportaciones del Estado y de la comunidad autónoma, así como de las personas usuarias", toda vez que "la aportación de la comunidad autónoma se realizará mediante transferencias en base" a cuantías calculadas "a mes vencido y en función del número de horas efectivamente prestadas".
"Una vez validada la liquidación presentada por la corporación local, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía transferirá a la misma la cuantía resultante", estipula dicha orden, toda vez que el PP y otras fuerzas de oposición han venido denunciando que el nuevo método obliga a las entidades locales a afrontar por adelantado los costes de este servicio financiado entre las administraciones central y autonómica, pero contratado a través de las corporaciones municipales.
"NUEVA CARGA" PARA LOS AYUNTAMIENTOS
Según los populares, al pasar de un modelo de pagos semestrales y por adelantado a "liquidaciones mensuales" a periodo vencido, las corporaciones locales afrontan la prestación anticipada del servicio para solicitar después las transferencias mensuales a la Junta, lo que les implica una "nueva carga". Al respecto, recordemos que el debate de esta situación en el pleno de la Diputación de Sevilla que el propio presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos, manifestase que había un "problemón" en torno a este asunto.
Y si bien Rodríguez Villalobos señalaba después que tras un "encaje" del nuevo sistema de transferencias el mismo se revelaba "más ajustado a las horas efectivas que realmente se prestan a los usuarios" de la ayuda a domicilio, los dirigentes del PP de Sevilla han insistido este martes en la incidencia de este modelo de transferencias en los municipios de la provincia.
Más en concreto, han señalado la situación de los más de 80 ayuntamientos de la provincia menores de 20.000 habitantes, porque al abarcar la Diputación diferentes competencias sobre estos consistorios a cuenta su rango, dicha entidad provincial es la encargada de "gestionar dos millones mensuales" de euros asignados a la prestación del servicio de ayuda a domicilio en tales localidades.
Y es que según Virginia Pérez e Isabel Díaz, como consecuencia de la nueva fórmula habilitada para el pago de la ayuda a domicilio, ceñida a la prestación previa del servicio y la presentación de la correspondiente "liquidación" mensual, en el caso de los servicios de ayuda domiciliaria prestados en municipios abarcados por la Diputación media un "retraso" de unos seis meses en el pago de las cuantías por las labores prestadas por las empresas contratadas.
EL CASO DE LORA
En ese sentido, han explicado que sólo en Lora del Río, donde una empresa local con 75 trabajadoras se encarga de prestar este servicio a 170 vecinos del municipio, se esperaría aún el cobro de 557.946 euros correspondientes a los meses de noviembre, diciembre, febrero, marzo y abril.
Este "retraso" de unos seis meses en el pago de las cuantías por el servicio de ayuda domiciliaria en los municipios abarcados en esta materia por la Diputación, según las populares, se traduciría así en "12 millones de euros" pendientes de llegar a las empresas y sus plantillas o a los ayuntamientos que hayan optado por "adelantar" ellos mismos el dinero, en el caso de que sus interventores lo hayan permitido al tratarse la ayuda a domicilio de una "competencia impropia" para los consistorios.
Por eso, Viginia Pérez e Isabel Díaz han criticado que el PSOE se haya opuesto a las iniciativas promovidas por el PP en el Parlamento de Andalucía y la Diputación, en demanda de la anulación de la mencionada orden de junio de 2017 y la elaboración de una nueva regulación que corrija esta situación.
"Este callejón sin salida va a cargarse las políticas de dependencia", ha lamentado Virginia Pérez, anunciando que el PP elevará de nuevo el asunto al Parlamento y a la Diputación, reclamando además que la institución provincial "adelante" el dinero correspondiente a la prestación del servicio en los municipios menores de 20.000 habitantes para evitar demoras en los cobros de empresas y plantillas o que los ayuntamientos tengan que "sostener la carga" cuando deciden anticipar los fondos. "Ya que la Junta no hace sus deberes y la Diputación tiene liquidez, que adelante el dinero", han enfatizado.
