El Ministerio de Defensa no asignará destino a Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar de La Manada condenado por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016, y afirma que "no se podía evitar" su reincorporación al servicio activo.
Esa reincorporación, que Defensa explica que se produce "de manera automática en aplicación de la ley", supone que el militar recupera la totalidad del sueldo base -del que cobraba el 75 por ciento mientras estaba suspendido- sin complementos, han indicado fuentes del Ministerio.
"Desde el Ministerio de Defensa no se podía evitar el alzamiento de la suspensión de funciones", afirma un comunicado del Ministerio.
El Boletín Oficial de Defensa ha publicado la orden que levanta la suspensión que pesaba contra Cabezuelo, con efectos a partir del 22 de junio, el día que salió de la cárcel donde cumplía prisión provisional, y contra la que cabe recurso de alzada.
Defensa recalca que, pese al levantamiento de la suspensión y en aplicación del artículo 111.3 de la Ley de Carrera Militar "no se la va a asignar destino", una decisión que, según las fuentes de Defensa, ha adoptado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
En dicho artículo se establece que "en el supuesto de cese en la situación de suspensión de funciones por levantamiento de la prisión preventiva, el ministro de Defensa podrá acordar, por resolución motivada en la que habrán de valorarse los hechos imputados, la trascendencia social y el interés del servicio, la prohibición de solicitar y obtener destino por un periodo de tiempo que no podrá exceder del momento de dictarse sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme".
Cabezuelo, que servía en la Unidad Militar de Emergencias (UME), fue autor de uno de los siete vídeos de abusos sexuales y por su condición de militar cumplió la prisión preventiva en el centro penitenciario militar de Alcalá Meco.
Como los otros cuatro miembros de La Manada, está condenado a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento sobre una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016.
El guardia civil, también "activo sin destino"
El guardia civil Antonio Manuel Guerrero, uno de los cinco sevillanos integrantes de 'La Manada' condenado a nueve años por abusar sexualmente de una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016, se encuentra en situación de "activo sin destino", por lo que cobra el sueldo base a la espera de que la sentencia sea firme, han explicado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Se trata de una situación administrativa similar al del militar Alfonso Jesús Cabezuelo, otro de los condenados. El Ministerio de Defensa ha informado este miércoles de que no asignará destino a este militar aunque se haya levantado su situación de suspensión de servicio y haya vuelto a estar en activo, algo que "no se podía evitar" de acuerdo a la ley.
La Guardia Civil abrió a Antonio Manuel Guerrero, agente en práctica de 29 años, un expediente disciplinario después de que fuera detenido por participar en esta agresión grupal junto a un grupo de amigos. En base a ese expediente, según informaron desde el Instituto Armado, este miembro de 'La Manada' fue suspendido de empleo.
El Régimen Disciplinario de la Guardia Civil contempla seis tipo de situaciones administrativas: servicio activo; servicios especiales; excedencia; suspensión de empleo; suspensión de funciones y reserva.
En el caso de Antonio Manuel, fue condenado también por robar el móvil de la joven tras la agresión sexual, tal y como reconoció en el juicio, por lo que se le ha atribuyó un delito leve de hurto, que supone una pena de dos meses de multa a 15 euros por día. El tribunal tiene también pendiente confirmar si lo mantiene en libertad, como al resto de miembros de 'La Manada', tras personarse en una oficina de la Policía en Sevilla de expedición del pasaporte.
Fuentes de la Guardia Civil explican que, desde el momento en el que la sentencia por la agresión sea firme, se abre un procedimiento reglado en el que un oficial del Instituto Armado es designado como instructor. Junto a un secretario tienen que valorar la infracción que ha cometido este guardia civil a efectos de aplicar la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario 12/2007.
Antonio Manuel se arriesga a ser sancionado por una falta muy grave. La resolución que se adopte será firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según detallan las citadas fuentes conocedoras de este tipo de procedimientos.
En el artículo 7.13 de Régimen Disciplinario se regula la sanción para quien "comete un delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio, o cualquier otro delito que cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica".
"Las sanciones disciplinarias", dice el Régimen de la Guardia Civil, "tienen por finalidad la corrección de comportamientos perjudiciales para el servicio o para los ciudadanos, o lesivos para el funcionamiento de la Institución". En los casos de faltas muy graves, la sanción prevista va desde la separación del servicio a la suspensión de empleo desde tres meses y un día a un máximo de seis años; o pérdida de puestos en el escalafón.
