El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, firmó este pasado lunes un decreto en el que se dispone la creación de una comisión técnica que estudie la fórmula de gestión, y en su caso, la naturaleza jurídica del ente que vaya a encargarse de la futura prestación de los servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, competencia de este Ayuntamiento, elaborando la memoria justificativa del asesoramiento que haya de recibir el Pleno para su aprobación.
De igual modo, se dispone la designación de los miembros de la citada comisión, que podrán requerir de los órganos municipales cuanta asistencia les sea necesaria para los fines encomendados.
Asimismo, según el decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la citada comisión se extinguirá automáticamente una vez desarrolle los trabajos que motivan su creación.
En el texto se recuerda que el contrato del servicio de limpieza pública, recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos se encuentra en la actualidad prorrogado desde el 18 de abril de 2017 siendo la duración máxima de la actual empresa abril de 2025 o hasta que entre en funcionamiento el nuevo modelo sea cual sea la forma en que se lleve a cabo, según la inscripción registral y los acuerdos adaptados tanto en el seno municipal como en el ámbito societario por los órganos correspondiente en cada caso.
Los diferentes acuerdos plenarios que se han adoptado se dirigen a prestar los servicios en cuestión mediante la gestión directa por medio de una empresa pública, a la mayor brevedad posible.
Se añade en el decreto que es intención del equipo de gobierno "valorar las opciones que existen para llegar a ese objetivo siempre que sea el más eficiente y existan las justificaciones e informes necesarios que lo avalen, acudiendo a los mecanismos que se recogen en el propio contrato prorrogado y en los Estatutos Sociales de Limasa III".
De igual modo, se incide en que es necesario la creación de una comisión técnica bajo los principios inspiradores de la normativa vigente, para "la adecuación entre la forma jurídica y el fin de la actividad encomendada como límite de la discrecionalidad administrativa", que analice la solución "más adecuada para la futura prestación del servicio", teniendo en cuenta la posibilidad de estudiar la intención señalada por el equipo de gobierno "que contempla para la permanencia de la empresa Limasa con una estructura societaria en la que hubiera cesado la participación de colaboración privada en su capital"
