El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Huelva (COAF) ha expresado su preocupación por "la alta tasa" de viviendas ocupadas en Huelva debido a la "tardanza" en la resolución de los casos.
De este modo, según han informado desde el COAF a Europa Press, "la 'ocupación ilegal' de viviendas no es un problema del pasado", y parece haberse estabilizado su existencia en la provincia de Huelva, con especial incidencia en la capital y las zonas costeras, donde se concentra el mayor porcentaje de población y de estos casos".
En este sentido, desde el colegio de Huelva han señalado que, "a pesar de ser cierto que se han visto reducidos los procedimientos de ejecuciones hipotecarias presentados", han observado que "no dejan de aparecer casos de ocupaciones ilegales" y que "se sigue sufriendo la paralización de los juzgados de estos procedimientos", ha destacado el presidente del colegio onubense, Alejandro Chamorro.
Ejemplo de eso es que en 2018 se presentaron 32 demandas por ocupación ilegal, de las que solo se han resuelto cuatro y siguen pendiente de resolución las restantes 28, mientras que en el año 2019 son otros 39 los que permanecen en trámite, ha explicado el presidente de la institución colegial onubense, quien reclama "mayor atención" de las administraciones.
En este sentido, Chamorro ha señalado que "seguimos sufriendo la inacción por parte de las administraciones", en tanto que "la forma en que conviven estas personas, casi siempre en lamentables condiciones, genera importantes molestias vecinales, además de numerosos casos de violencia de género y de falta de escolarización de los niños más pequeños".
De la misma manera se ha pronunciado el vicepresidente de los administradores de fincas colegiados, José Antonio Oria, quien ha subrayado que ha tenido que "lidiar" con casos "enquistados durante años" en algunas de las localidades costeras y ha resaltado los "continuos problemas por el enganches irregulares en los suministros, realizados por personal no adecuado".
Este problema, según ha declarado, "se suma a la dejadez de muchas entidades bancarias", dado que "incluso muchos de los ocupas quieren pagar su alquiler, pero no se les ofrecen facilidades por parte de estas entidades".
Por el contrario, Oria ha indicado que en otras ocasiones "el que ocupa no quiere pagar nada", pero que "los bancos no presentan las demandas pertinentes, y son los vecinos los que sufren todas las incidencias que los bancos no atienden" cuando son requeridos por parte de la comunidad de propietarios como, por ejemplo, "en casos de filtraciones de agua a sótanos por tuberías rotas, o desagües de lavadoras por balcones, y una larga casuística".
Por tanto, y a pesar de que haya habido un descenso en los 'lanzamientos' judiciales que haya habido por precario, que son los que no tienen ningún contrato de dicha vivienda, "la tardanza en los juzgados con los procedimientos, que son complejos y lentos, sigue causando molestias, perjuicios económicos y morales al resto de los residentes en comunidades de propietarios, ya sean de propiedad horizontal o de urbanizaciones", según ha lamentado Oria.
"UNA SITUACIÓN NORMALIZADA"
Desde el COAF han reseñado que se han mantenido encuentros con la Subdelegación del Gobierno y con algunos de los ayuntamientos, así como las empresas de suministros energéticos para tratar de paliar los efectos de una situación que consideran "tristemente normalizada", con la que los vecinos afectados y los administradores de fincas "tratamos de luchar a diario", se ha lamentado el presidente.
El problema, han explicado, "empezó a agudizarse con la crisis económica", cuando quedaron muchas viviendas vacías de diferentes tipos. Por un lado, viviendas compradas por empresas "especuladoras" a precios "por encima del mercado que tras la crisis no podían afrontar las hipotecas tan altas y los bancos fueron quedándose con las mismas".
Por otra parte, urbanizaciones enteras de promotores inmobiliarios que, igualmente, fueron pasando a propiedad de entidades bancarias, y, por último, viviendas ejecutadas judicialmente a los propietarios con problemas económicos sobrevenidos.
En Huelva, casi exclusivamente se han llegado a ocupar estos tres tipos de vivienda y "en muy pocos casos han sido viviendas de segunda residencia o de propietarios que vivan habitualmente en la vivienda", aclara el vicepresidente del COAF.
Otra razón por la que situación parece haberse estabilizado es porque "ya casi no hay más viviendas vacías que ocupar, pues todo está ocupado, pero esta oleada de años de ocupación ha conllevado enganches de suministros y muchísimas quejas de los vecinos", ha aclarado el vicepresidente del COAF, quien ha añadido que "ahora que está casi todo ocupado la situación, lógicamente, va a menos, además de que los lanzamientos por ocupación van llegando porque llevamos más de 10 años desde las primeras ocupaciones y los juzgados van resolviendo".
OBSTÁCULOS DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y MEDIDAS DISUASORIAS
Respecto a las viviendas ocupadas que pertenecen a entidades bancarias, desde el COAF han insistido en que "en principio pagan las cuotas comunitarias, pero sí es verdad que se ha generado un gasto añadido en cada momento inicial por la dejadez de los bancos en poner medios para evitar las ocupaciones".
Esta situación ha provocado, según han aseverado que, "en muchos casos, fuesen las propias comunidades las que se hicieran cargo de cerrar estas viviendas" o de reparar los daños que los ocupas causaban, "sin entrar a valorar nuevamente que, por lo general el que ocupa no está acostumbrado a vivir en comunidad y no respeta las normas comunitarias y se perjudica de forma grave la convivencia".
En los dos últimos años, según han reconocido desde el COAF de Huelva, "se ha podido apreciar más inmediatez a la hora de acudir los cuerpos de seguridad a las llamadas de los casos de ocupación ilegal de viviendas, y creemos que se tiene todo algo más controlado".
En este sentido, desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas --y siguiendo las recomendaciones del Consejo General de Colegios de España-- se realizan de forma periódica recomendaciones a los propietarios sobre medidas que hay que tomar para no ser víctimas de ocupación.
Para finalizar, han explicado que otra de las medidas es la de "tratar de presionar a empresas suministradoras" para que corten suministros y estar muy en contacto con las administraciones públicas como concejalías, Defensor del Pueblo andaluz y consejerías de la Junta de Andalucía, "para que estén encima de los juzgados y cuerpos de seguridad, caso por caso, además del recordatorio constante a los departamentos de ocupaciones de las entidades bancarias para pedir que interpusieran las demandas pertinentes, informándoles además, de todos los problemas paralelos.
