El que fuera el edil de Urbanismo de Granada durante el primer mandato del popular José Torres Hurtado, Luis Gerardo García-Royo, ha indicado este miércoles que no fue advertido en su área sobre ninguna ilegalidad en torno al proyecto del centro comercial Serrallo y la urbanización de su entorno, ante el tribunal que juzga el caso por una supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde en la que solo se podría haber creado un parque infantil.
Los problemas de este y otros proyectos se veían en una reunión de área semanal con técnicos en los que estos se debatían para plantear "soluciones", ha explicado García-Royo, quien fue concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007 y ha declarado en calidad de testigo-perito en la en la Sala Antonio Angulo del complejo judicial de Caleta, habilitada por la Sección Segunda de la Audiencia de Granada para este macrojuicio.
Hoy jubilado, el exedil ha señalado que informaba, en el marco de una relación de confianza, sobre proyectos de obras públicas que se acometían en la ciudad al exalcalde José Torres Hurtado, quien se enfrenta a una petición de Fiscalía de ocho años de prisión, multas de 522.000 euros y 36 años y medio de inhabilitación, en una causa en la que se sientan en el banquillo un total de 17 personas, entre ellas ocho de sus ex concejales, incluida la sucesora de García-Royo al frente de Urbanismo, Isabel Nieto.
Esta información que facilitaba a Torres Hurtado no se la trasladaba "minuciosamente" pues ni siquiera él tenía un conocimiento "preciso" de los proyectos, ha advertido el testigo-perito, quien ha dicho no conocer los "pormenores" del denominado caso Serrallo.
La empresa encargada inicialmente no cumplía con la "agilidad" en la tramitación de expedientes que pidió a su llegada al área de Urbanismo, pues ha señalado que no le "salían los números". Alguien le comunicó, según ha agregado, que ésta había encontrado otra promotora a la que "vender" el proyecto, que incluía la urbanización de esta área del sur de la ciudad, ha apuntado García-Royo en referencia a la que llevaba Roberto García Arrabal, otro de los acusados.
Según su declaración, éste lo visitó en 2005 para plantearle como "prestación de un servicio" a la ciudad la inclusión de un parque infantil "con seis o siete columpios" que "podía controlar el posible botellón en el entorno" que preocupaba al empresario, lo cual le pareció "oportuno", por lo que dio traslado a los técnicos de la idea, que "salió a concurso".
Ha añadido que desconoce a partir de ese punto la tramitación del proyecto, el cual, según ha señalado posteriormente a preguntas de una de las defensas, consideraba "conveniente" para que la ciudad pudiera tener esta zona comercial y de ocio.
Sobre un posible enfrentamiento con colaboradores como el que fuera director de Obras Municipales de Granada Manuel Lorente, también procesado en el caso Serrallo, ha indicado que los tenía con "casi todos" porque estaba "constantemente encima de ellos" en los diferentes proyectos urbanísticos.
En torno a la situación que se vivía en el área, ha sido preguntado por la Fiscalía por una carta que remitió a Nieto con motivo del traspaso de poderes en Urbanismo, la cual ha dicho que fue "estrictamente personal" con comentarios acerca de la organización, lo que ha motivado que el presidente del tribunal haya declarado improcedentes las cuestiones sobre la misma. La fiscal ha mostrado su protesta.
Entre los acusados, junto con antiguos responsables políticos municipales y el citado promotor, hay funcionarios del Ayuntamiento, y cuatro empresas mercantiles por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.
RONDA DE PERICIALES
Una vez que finalizaron las declaraciones de los testigos, el que fuera jefe del área de Urbanismo, considerado testigo clave de la causa, fue la semana pasada el primero en declarar como testigo-perito, y, después de su testifical, estaban citados inicialmente hasta el próximo 25 de marzo, otros 32 testigos-peritos, y diez peritos.
Se prevén los días 26 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril las sesiones reservadas para la prueba documental, los informes finales de las partes y el turno de última palabra de los acusados.
