La provincia de Cádiz ha registrado una media de cuatro manifestaciones al día desde el inicio de la denominada nueva normalidad y hasta mediados de diciembre. De acuerdo a los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, se han contabilizado un total de 746, la primera media docena, el 20 de junio, al término de la desescalada. En mayo, no obstante, ya se celebraron protestas en la capital. Autónomos Unidos y Vox organizaron caravanas de vehículos para expresar la difícil situación por la que ya entonces pasaban los trabajadores por cuenta propia y contra la gestión de la crisis sanitaria por el Gobierno central, respectivamente.
Pero el levantamiento de las restricciones de movilidad justo con la llegada del verano, disparó el número de solicitudes autorizadas de colectivos y entidades en la mitad de poblaciones. Cádiz, con 146 manifestaciones, y Jerez, con 113, lideran el ranking de los 23 municipios del listado de la Subdelegación del Gobierno. En tercer lugar se cuela Rota, con 105, con especial protagonismo de los empleados de la empresa Louis Berger Aircraft Services, firma estadounidense concesionaria del aeropuerto de la Base Naval, en contra de los despidos, y de la Plataforma Roteña en Defensa de lo Público, que cada lunes reclama pensiones dignas y ha ampliado su actividad demandando que la Junta de Andalucía cumpla el mapa sanitario en la población.
En el Campo de Gibraltar, la defensa de los puestos de trabajo de la empresa Dictesa, que anunció la finalizaión del contrato de mantenimiento, y que deja sin ocupación a 30 personas por un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo, el cierre de Viesgo y otro ERE en Phoenix han llevado a Los Barrios a sumar hasta 56 movilizaciones.
En cualquier caso, el desmantelamiento industrial iniciado antes de la irrupción del coronavirus y agravado tras la pandemia en la provincia ha llevado a la calle, pese a la alerta sanitaria, a plantillas de la Bahía de Cádiz, vinculadas al sector naval y aeronáutico, con la Coordinadora del Metal en verano y con UGT en las últimas semanas de diciembre.
La incertidumbre ante el inicio del curso escolar por el Covid-19 y el enfrentamiento abierto en la comunidad educativa a cuenta del decreto de escolarización de la Junta, que los sindicatos consideran que perjudica a los centros públicos, y la denominada Ley Celaá, que la enseñanza concertada considera una amenaza, ocupan un lugar destacado en los registros de manifestaciones, junto con la sanidad. Numerosos colectivos, encabezados por los profesionales sanitarios, han sacado la pancarta para exigir al Gobierno autonómico que acabe con la precariedad laboral y refuerce el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
