La práctica totalidad de los 800 participantes en la manifestación organizada en Cádiz por la plataforma ciudadana Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) el pasado domingo 13 volvieron a casa muy enfadados porque, según Miguel García, el organizador de la movilización para reclamar más seguridad en la capital, la Policía Local (a la que denunciarán) no garantizó la protección de la marcha, obligando a integrarse en el tráfico durante todo el itinerario autorizado.
También lo hicieron compungidos tras conocer el fallecimiento de un repartidor de pizza de solo 33 años, arrollado por un vehículo en la carretera de La Barca. El joven empleado es la segunda víctima gaditana a bordo de una motocicleta en las tres primeras semanas de este mes. La provincia suma la mitad de los cuatro fallecidos registrados en Andalucía.
“Si tuviera que puntuar entre cero y diez el estado actual de las carreteras en la comunidad -apunta Juan Piña, delegado regional de IMU-, no podría darle ni siquiera un cinco raspado; se encuentran en pésimas condiciones en la actualidad”. En la provincia señala peligro en especial en las vías de la zona rural de Jerez (Torrecera, El Torno y La Barca, precisamente donde tuvo lugar el último accidente mortal), la A-408 entre Puerto Real y Paterna, y la comarca de la Sierra por el lamentable estado del firme, con enormes socavones, en Puerto de Gáliz, o la existencia todavía de bloques de hormigón como quitamiedos en tramos como la subida a Benaocaz y Villaluenga o entre Benamahoma y Grazalema.
“Por unos 17 euros se puede colocar un metro lineal de sistema de protección de motorista”, asegura, al respecto, Juan Carlos Toribio, director del departamento de Seguridad Vial de UMI. “La colisión es el accidente más habitual, pero las salidas de la carretera son los más letales”, advierte. El guardarraíl ha estado implicado en ocho de las 26 muertes contabilizadas en el conjunto de España en las tres últimas semanas. “Basta con impactar a 25 kilómetros hora para matarse, no es preciso ir circulando a una alta velocidad”, explica. Por ello, actuar sobre estos elementos se sitúa en el primer lugar de una lista que contiene una veintena de demandas. Gran parte de ellas, hacen referencia a la seguridad activa.
Toribio cita la resolución de Naciones Unidas Crisis de seguridad vial en el mundo de 2003, que concluye que el diseño de las carreteras es uno de los factores que afectan a la probabilidad de resultar lesionado en un accidente de tráfico y que esta realidad puede modificarse mediante intervenciones. Y reclama vigilancia de los incumplimientos legales relativos al mal estado de conservación de las vías, garantizar la seguridad de rodadura con las marcas viales y manteniendo la uniformidad estructural y de rozamiento legalmente establecidas y de limpieza y señalizar de forma adecuada los peligros. “Hay algunos avisos a veinte metros o incluso en el mismo obstáculo, cuando deben colocarse entre 150 y 250 metros antes”, señala al respecto.
Pero también carga contra las intenciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Gobierno para perjudicar el uso de la motocicleta. En este sentido, subraya que es preciso que “desaparezca de una forma clara la intención del uso obligatorio de equipación de airbag, porque los que se comercializan actualmente no son efectivos (la propia DGT comprobó que solo funciona en uno de cada cuatro casos) o que no se quite el margen de seguridad de 20 kilómetros por hora durante las maniobras de adelantamiento en carreteras convencionales tal y como prevé el proyecto de ley 50/0000121 porque “no se ha acreditado accidente alguno por este factor desde 1975”.
“En lugar de eso”, lamenta Toribio, y pese a que el número de motociclistas muertos alcanzó su máximo en 2019 desde 2009, con 269, “la DGT nos acosa tratando de imponer medidas de lastre en el uso de nuestros vehículos, dificultando el acceso a nuestro medio de movilidad personal y acusándonos de temerarios, borrachos y drogadictos”.
