El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley con un paquete de ayudas "récord" por un importe de 213.763.000 euros que se destinarán a paliar los daños provocados por la erupción que comenzó en el volcán de Cumbre Vieja, en La Palma el pasado 19 de septiembre.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado que este importe se sumará a los primeros 10,5 millones de euros aprobados el martes pasado y que "ya están" a disposición de la población para atender a las primeras necesidades de vivienda de los afectados.
"Es el segundo paquete de medidas para paliar los efectos del volcán", ha dicho Bolaños que señala que este real decreto ley ha sido elaborado por 17 ministerios que se reunieron este lunes por la tarde en Comisión Interministerial creada para atender a las necesidades de La Palma y cuyas decisiones plasmadas en el presente real decreto entrarán este miércoles en vigor.
Además, ha destacado la "colaboración y lealtad institucional ejemplar" que se está dando en la Comisión Mixta que se creó la semana pasada y que ya se ha reunido en dos ocasiones.
Bolaños ha destacado que estos casi 214 millones de euros son adicionales a los 10,5 millones que se aprobaron la semana pasada para paliar los efectos de la erupción para satisfacer las necesidades de viviendas y enseres, así como 'Ertes' especiales y una prestación para los autónomos que han tenido que interrumpir su actividad económica.
El ministro ha garantizado que para el Gobierno es "una prioridad" la restauración de La Palma y para paliar las necesidades de sus habitantes y, además, ha prometido "agilidad en las ayudas". "Que los habitantes no conozcan que no solo les vamos a ayudar sino que lo vamos a hacer con rapidez y celeridad", ha añadido Bolaños que ha dicho que "ya están" en Canarias los 10,5 millones primeros.
En tercer lugar, ha manifestado la voluntad de "constancia" en las ayudas porque el Ejecutivo va a seguir trabajando hasta reconstruir "el último daño" que se haya producido.
En cuanto al paquete de ayudas aprobado este martes por el Ejecutivo en forma de decreto ley, ha citado que en materia de vivienda se darán ayudas directas a personas físicas y jurídicas, para la reconstrucción de viviendas y establecimientos industriales destruidos. Asimismo, se ayudará a las corporaciones locales con la reconstrucción de las infraestructuras destruidas, ya que el Gobierno asumirá "el cien por cien de los costes".
Además, 63 millones de euros se destinarán a un 'Plan extraordinario de formación y empleo' para los palmeros, que tendrán también un año de moratoria y sin intereses para las cotizaciones y se permitirá el rescate anticipado de planes de pensiones y fondos.
Para el sector agrario y pesquero el decreto incluye ayudas directas por un importe de 20,3 millones de euros para paliar los perjuicios causados por el volcán en regadíos, caminos rurales, pesca y acuicultura. También se permutarán fincas para que los agricultores puedan continuar con su actividad y se financiará el coste de los avales para reactivar la actividad económica.
En cuanto a los contratos de suministro el Gobierno autoriza a suspender los contratos de electricidad y aplazar hasta seis meses su pago o incluso resolver los contratos.
En apoyo a las infraestructuras de movilidad se destinarán 22 millones de euros para reconstruir infraestructuras; 40,5 millones de euros para redes viarias. De estos, Bolaños ha precisado que 500.000 euros se entregarán al Cabildo y 40 millones de euros a la comunidad autónoma.
Del mismo modo, se hará este año una exención total del Impuesto de Bienes Inmuebles para las viviendas y los daños causados y se aplazará el pago de deudas tributarias.
En materia de consumo, el Real Decreto-Ley establece medidas para los afectados, independientemente de sus necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales previas a la actual situación. Se aprueba una moratoria de seis meses tanto en
hipotecas como en créditos al consumo, incluidos los leasings, tanto para el importe principal como sobre los intereses, independientemente de si están o no al corriente de pago.
En el caso de hipotecas, incluye a todos inmuebles situados en La Palma, mientras que, en el caso de créditos al consumo, tendrán derecho todos los residentes en la isla. La solicitud por parte del deudor a la entidad financiera acarrea de forma directa la suspensión de las obligaciones de pago.
Por otro lado, la norma suspende tres meses los plazos legales para ejercer el derecho de desistimiento sobre cualquier contrato, incluidos los plazos de devolución de productos. Hasta el 19 de diciembre, todos
los residentes de La Palma, aunque lo sean de forma temporal, podrán rescindir un contrato sin que medie causa en determinados supuestos. Esta medida afecta principalmente a las compras online.
Cuando un contrato no pueda ser cumplido, la empresa tendrá que devolver las cantidades que los consumidores hayan pagado previamente en el plazo máximo de 30 días. Es el caso de conciertos o eventos para los que los consumidores tengan entradas compradas.
Además, no tendrá que abonar nuevas cuotas durante cinco meses -mientras que no se pueda ejecutar el servicio- sin que esto sea motivo para rescindir el contrato. Este supuesto se da en servicios que se adquieren por cuotas, como en caso de gimnasios, guarderías o academias.
Cuando el consumidor sea quien no pueda recibir el bien o disfrutar el servicio o suministro a causa de las medidas decretadas por las autoridades -aunque la empresa pueda prestarlos- tendrá también derecho a elegir entre la resolución del contrato, sin pagar penalizaciones, o el aplazamiento en los términos que se acuerden entre las partes. Este será el caso de viviendas de personas evacuadas que no puedan disfrutar de sus contratos de luz, gas o teléfono, aunque la empresa suministradora pueda prestar el servicio.
En caso de solicitar la suspensión del contrato, su reanudación no llevará ningún coste aparejado y la solicitud de rescisión contractual implicará la devolución de los importes ya abonados por la persona afectada en un plazo máximo de 30 días.
Las personas afectadas tendrán un plazo de cinco meses para ejercer este derecho desde que la autoridad competente decretó la medida por la que no pudieron recibir los bienes o disfrutar los servicios o suministros.
Por otro lado, quienes tuvieran un viaje contratado con destino a La Palma antes del 13 de septiembre, cuando se declaró la situación de alerta, los consumidores podrán cancelarlos y la empresa deberá reembolsar todos los importes abonados.
Bolaños ha informado de que el Real Decreto Ley incluye 500.000 euros para financiar a los servicios sociales y medio millón de euros más para proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia de género.
Con todo, ha dicho que el Ejecutivo quiere agilizar "todos los procesos de evaluación" para que cuanto antes los afectados puedan acreditar su situación. "Estamos movilizando todos los recursos necesarios", ha afirmado y ha destacado el valor de "lo público".
Finalmente, ha dicho que con este paquete el Gobierno responde a una reivindicación de los habitantes de la palma que pide ayuda. "Este paquete va en línea de que vamos a estar con ellos para reconstruir sus proyectos de vida", ha concluido.
