La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la queja de Ecologistas en Acción que denuncia la inacción de España en Palomares (Almería) y advierte de la presencia de "zonas con contaminación radiactiva" fuera del perímetro del vallado de seguridad.
La petición, abierta a adhesiones desde este lunes, reclama que España "cumpla con la normativa vigente" en materia de protección radiológica en estos terrenos con americio y plutonio desde hace más de medio siglo y demanda que se "priorice la urgente" descontaminación de lo que denomina "los nuevos puntos de libre acceso".
Según recoge la resolución de la Comisión de Peticiones, consultada por Europa Press, la "zona radiactiva más peligrosa para la ciudadanía", de acuerdo con los datos facilitados por Ecologistas en Acción, se sitúa "en la acera de los números impares de la Calle Diseminado de la Punta" de la pedanía de Palomares, "por donde habitualmente circulan personas".
En total son cinco puntos, que suman una superficie de 428 metros cuadrados con la calificación de suelo urbano y, en un caso, rural, los denunciados. Se localizarían en los términos municipales de Cuevas del Almanzora y de Vera. Esta situación también fue denunciada en enero de 2022 ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
El regulador atómico acordó cerrar la denuncia el pasado mes de diciembre tras concluir que la "disposición" del vallado "previene del riesgo radiológico existente". En su resolución, detalló que se había realizado "actuaciones y verificaciones" desde el "punto de vista de la protección radiológica" al tiempo que remarcó que el vallado perimetral "minimiza, a su vez, el perjuicio" que la contaminación "pudiera ocasionar a terceros".
Con respecto a las determinaciones radiológicas adjuntas a la denuncia, cuestionó los datos ya que hay que disponer de "equipos de medida adecuados" y de "muestras que sean representativas por número, extensión y volumen que representan", según subrayó.
La queja admitida a trámite y abierta a adhesiones es la segunda que presenta Ecologistas en Acción en los últimos años ante la Comisión de Peticiones de Parlamento Europeo.
En 2019, este órgano de la Eurocámara decidió solicitar a la Comisión Europea (CE) que llevase a cabo una "investigación preliminar" sobre el traslado de material radiactivo a Palomares, así como sobre el "almacenamiento en contenedores marítimos para mercancías generales, junto a terrenos de cultivo y cerca de la población". Además, acordó enviar una misión de verificaciòn para ver el grado de cumplimiento del artículo 35 del Tratado Euratom a la zona.
Tras esta investigación, la CE dio plazo a España hasta finales de 2021 para que informase de los "progresos" alcanzados respecto al plan de limpieza "definitivo" de las 40 hectáreas de suelo contaminadas, si bien este informe no se ha remitido aún por falta de avances.
Bruselas solicitó a las autoridades españolas que completasen la "recomendación" que ya formuló en 2010 y "eliminasen" los terrenos con americio y plutonio para su "deposito de forma segura" en un almacenamiento "a largo plazo".
Por otro lado, el Tribunal Supremo (TS) sentenció en noviembre que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no es órgano competente para "adoptar medidas tendentes a fijar un plazo" para llevar a cabo la ejecución del Plan de Rehabilitación de Palomares, que considera "área de exposición perdurable a la radiactividad" con "efectos residuales".
Desestimaba, así, el recurso de casación interpuesto por Ecologistas en Acción y señalaba que la Audiencia Nacional (AN) acertó cuando, pese a que hubo dos votos particulares en sentido contrario, indicó que el CSN "carece de competencias en cuanto a la ejecución material de planes" al tiempo que rechazó que pueda considerarse Palomares un "almacén radiactivo ilegal" o un "cementerio nuclear al aire libre".
Los casi 400 análisis realizados por el Ciemat a las muestras de aire, alimentos de origen animal y vegetal, flora y fauna, así como sedimentos y agua recogidas en 2021 en Palomares han revelado concentración de actividad de americio y de plutonio en un total de 112, si bien, en todos estos casos, los valores detectados "son inferiores a los niveles de referencia" que están fijados en el Plan de Vigilancia Radiológica de la zona.
Según el Ciemat, los valores de concentración de actividad hallados en el último muestreo son "similares" a los obtenidos en años anteriores, por lo que le lleva a concluir que "la evolución temporal del nivel de contaminación" en la última década, durante el periodo 2010-2021, "se ha mantenido estable".
La cuantificación de plutonio fue posible en 95 de los 141 análisis realizados, la mayor parte en las muestras recolectadas mediante el cambio semanal de los filtros de aire de tres estaciones medidoras, ubicadas dos de ellas en zona 2 del área bajo vigilancia radiológica y la otra en zona urbana. En este caso, todos los análisis detectaron actividad radiactiva en forma de partículas en suspensión.
El americio se pudo medir en 17 del total 251 muestras analizadas, sobre todo en las tomadas de suelos y extraídas en cuatro estaciones medidoras de la zona 2, de la zona 6 o Sierra Almagrera, y de zona urbana, según los datos recopilados por el Ciemat en el informe anual para su remisión al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y consultados por Europa Press.
El Gobierno continúa con el procedimiento de expropiación forzosa que se acordó en Consejo de Ministros en 2021 que se acordó sobre 44 fincas valladas. La mayor parte de los 324.073 metros cuadrados, a excepción de cinco fincas, tres urbanas y dos rústicas que están localizadas en el término municipal de Vera, se ubican en Cuevas del Almanzora, y tienen naturaleza rústica de acuerdo a la calificación que hace el ministerio.
Entre los afectados hay particulares, sociedades agrarias de transformación (SAT), los dos ayuntamientos de los municipios en los que se localiza el suelo contaminado y constructoras que adquirieron el suelo en su día con calificación de urbanizable para uso residencial.
Así, una de las promotoras inmobiliarias concentra la propiedad de 18,5 hectáreas, de las que 9,8 son rústicas según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, si bien cuando fueron sometidas a un proceso de ocupación temporal tenían previsto desarrollo urbanístico.
El acuerdo de Consejo de Ministros incluyó, asimismo, un documento técnico en el que se informaba de la disponibilidad de 345.127,95 euros de presupuesto para la expropiación en Vera y en Cuevas del Almanzora.
