Ocho de los condenados en la macrocausa 'Costurero' por corrupción urbanística en Zurgena (Almería) han elevado recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), entre ellos el exalcalde Cándido Trabalón al que la Audiencia Provincial impuso penas que suman seis años y medio de prisión, así como 18 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y el exedil de Urbanismo Manuel Tijeras, condenado a dos años y seis meses de cárcel, y 14 de inhabilitación especial.
Han impugnado el fallo, asimismo, los exconcejales socialistas M.M.R., J.A.R. y J.M.D., condenados a 18 meses de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público de elección popular por delitos continuados de prevaricación urbanística ya que ellos conformaban la comisión de Urbanismo y "conocían la ilegalidad de las licencias", un conocimiento del que fueron eximidos, sin embargo, al resto de exconcejales, A.L.M., J.S.G., P.S.C. y E.J.P, absueltos.
El auto de la Sección Segunda, de 16 de octubre y consultado por Europa Press, recoge también los recursos de casación de los constructores F.M.B., T.Z.S. y J.M.D.N., a quienes se impusieron penas de 12 meses de prisión y multas de 15 meses con una cuota diaria de 12 euros, al tiempo que rechaza la petición de los dos últimos para que quede en suspenso la ejecución de la sentencia y ordena formar la correspondiente pieza individual de los condenados para llevar a cabo la práctica de las diligencias pertinentes para su ejecución.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial consideró probado que Trabalón y Tijeras concedieron entre 2003 y 2007 licencias irregulares para la construcción de más de 1.500 viviendas, lo que implica triplicar la población y la puesta en riesgo "el uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente", y que lo hicieron a sabiendas de que eran "claramente no ajustadas a la legalidad vigente en ese momento y que, de modo flagrante y clamoroso, desbordaban la legalidad vigente".
Al margen de las penas privativas de libertad por delitos de prevaricación urbanística continuada para el ex concejal de Urbanismo, y por falsedad en documento público y contra la ordenación del territorio en el caso del exregidor, a ambos se le impusieron a sendas multas de 20 meses a razón de 12 euros al día por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios.
El exalcalde, quien concurrió a las elecciones municipales bajo las siglas del extinto PA, también fue condenado a una multa de cuatro meses a razón de 12 euros al día por un delito de cohecho impropio y de 15 meses con las mismas cuotas por el delito contra la ordenación del territorio.
El fallo ordenó, asimismo, el comiso y derribo de los inmuebles construidos irregularmente en el paraje de Los Menchones y objeto de las actuaciones ilícitas citadas con anterioridad ya que el tribunal considera que la construcción de la estructura de las cinco viviendas valorada en casi 180.000 euros, "viviendas destinadas Trabalón y su familia, sin contraprestación alguna", fue un "obsequio" por parte de una mercantil "en atención al cargo que ostentaba".
Trabalón alega ante el Supremo, según el auto que remite los 27 tomos del procedimiento y los cuatro del rollo de sala al Alto Tribunal, infracción de precepto constitucional e infracción de ley mientras que Tijeras esgrime también quebrantamiento de forma al igual que los tres exconcejales socialistas condenados.
La Sección Segunda declara, por otro lado, la firmeza parcial de la sentencia para C.D.B.F. y F.S.G., extecnicos que fueron contratados por el Ayuntamiento para ejecutar el "modus operandi" diseñado por los dos cargos públicos, y para la exsecretaria T.L.G., quienes reconocieron los hechos y aceptaron 18 meses de prisión como autores de un delito continuado de prevaricación urbanística, ocho y seis meses de inhabilitación para cualquier cargo o función pública en las corporaciones locales relacionado con el Urbanismo.
Los dos técnicos también han sido condenados 18 meses de multa con una cuota diaria de cinco euros e inhabilitación especial para cualquier cargo o función pública en las corporaciones locales relacionado con el Urbanismo por dos años y medio como autores de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.El tribunal también declara la firmeza de la pena para los promotores F.N.R., A.M.G.F., J.M.G.R. y F.J.R., quienes también reconocieron los hechos en juicio.
