El exalcalde de El Ejido Juan Enciso (PAL), para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 64 años de cárcel en el marco del caso 'Poniente', sostiene que el "daño" que el procedimiento judicial le ha infringido "ha sido y es brutal" al tiempo que afirma que no existe causa alguna por presunta corrupción "en este país donde las consecuencias personales hayan sido tan devastadoras".

"Desde el inicio de la causa se viene produciendo un permanente asedio frente a Enciso y toda su familia", recoge el escrito de defensa incorporado al procedimiento, en el que se anuncia que se van a plantear cuestiones previas para pedir la nulidad de actuaciones y se pide la libre absolución tanto de exregidor como de su esposa, quien enfrenta a 18 meses de cárcel por presunto delito de blanqueo.

El escrito, consultado por Europa Press y adelantado en su edición de este lunes por el diario Ideal en Almería, disiente "absolutamente" del relato fáctico realizado por las acusaciones y remarca que "llama la atención" que, mientras los inspectores de Hacienda mantienen en su pericial que Enciso "ha vivido en concordancia a sus ingresos", el fiscal le impute hasta 16 delitos fiscales.

"Está claro que a Enciso y a su entorno familiar, como consecuencia de este procedimiento, se le ha provocado una especie de muerte civil, primeramente apartándolo de la vida pública, para, posteriormente, asfixiarlo económicamente a él y a su familia", señala el abogado Francisco Torres.

Para Torres, el exalcalde y su familia han sido víctimas "de acoso y derribo" y remarca la "dureza" de estar en prisión "los muchos meses que estuvo o "el sometimiento al escarnio público que supuso que después de más de una año de estar decretado el secreto de las actuaciones, se alzara el mismo solo en relación a las escuchas telefónicas".

Entiende el abogado de la defensa que, de este modo, se "facilitó la publicación diaria, en portada, de las transcripciones contenidas en aquella interceptación".

Indica que, "además", desde octubre de 2009, fecha en la que explotó la conocida como operación Poniente, se ordenó el embargo de todos sus bienes así como de todas sus cuentas bancarias "hasta el día de hoy en que se añade a lo anterior el embargo de su pensión de jubilación".

El escrito detalla, asimismo, que algunos de sus familiares, en concreto, su hija, "han recibido el mismo trato entre 2009 y 2017 para terminar siendo sobreseída" la causa contra ella, lo que califica de "despropósito".

"El daño que se ha infringido ha sido y es brutal. No existe procedimiento alguno 'por corrupción' en este país donde las consecuencias personales hayan sido tan devastadoras. No existe procedimiento alguno en el que tras más de un año de intervenciones telefónicas, naturalmente secretas, se alce solo la parte correspondiente a esas intervenciones. Ninguno", apuntilla.

"PERSECUCIÓN EN TODA REGLA" DE LA FISCALÍA

El letrado Francisco Torres considera que la actuación de la Fiscalía con respecto a Enciso ha sido "una persecución en toda regla" mientras que, con respecto a la acusación que ejerce el Ayuntamiento de El Ejido, apunta que se "descalifica por si solo" cuando menciona el canon pagado a Elsur como "herramienta para saquear" las arcas públicas "y este se haya elevado tras la marcha de Enciso". En relación a IU, atribuye su personación a "intereses políticos" ya que "nunca tuvo representación" en la corporación local.

La defensa del exregidor ejidense y de su esposa interesa que se cite a 23 testigos a declarar, algunos de ellos protegidos, y adelanta como cuestiones previas vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, infracción de derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y prescripción de los delitos fiscales.

Por la presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, el exalcalde Juan Enciso (PAL) se enfrenta también 42 años de inhabilitación. Hay un total de 50 procesados para los que se pide un total de 1.545 años de prisión y 99 de inhabilitación para cargo público por 14 tipos delictivos. El importe total de las multas asciende a 884 millones de euros.

TRAMA PARA EL "SAQUEO" DE LAS ARCAS PÚBLICAS

La acusación indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó "orquestando la creación" de una red de sociedades que se dedicaban a "subcontratar" con Elsur con "una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública".

Sitúa en el epicentro de la presunta trama para "aprovechamiento ilícito" al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur, con un 30 por ciento del accionariado, y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31 millones de euros con "sobrefacturación", todo ello, según remarca, "con la connivencia" del exalcalde y del exinterventor municipal, José Alemán.

"A cambio de prebendas económicas, Enciso, como alcalde y presidente del Consejo de Administración del Elsur, y Alemán, como exinterventor y a la par vocal del citado consejo, hicieron caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos del municipio", apunta para precisar que el segundo "autorizaba, a sabiendas, el gasto, una vez contabilizado, y el primero autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos del canon anual incrementado ficticiamente".

Según se describe en el escrito, Abengoa procedió, a través de sus 12 directivos acusados en la causa y "puestos en dichos cargos para facilitar" los comportamientos ilícitos, a "beneficiarse ilícitamente" del dinero público que era la "principal fuente de ingresos" de la empresa mixta y lo hizo a través de la facturación al Ayuntamiento por servicios de mantenimiento "dentro del canon anual" y por servicios y obras "fuera de canon".

En total, entre 2002 y 2009 se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones de euros correspondieron a "sobrefacturaciones" de los distintos grupos empresariales y sus propietarios, José Amate o Juan Antonio Galán fundamentalmente.

El Ministerio Público calcula que el grupo de empresas controlado por el primero sobrefacturó 24,7 millones de euros, habiendo obtenido un beneficio del 53,49 por ciento con el que los 13 acusados vinculados al citado grupo han conseguido reunir un importante patrimonio inmobiliario, tanto rústico como urbano.

Mientras, el grupo empresarial vinculado a Galán, sobrefacturó presuntamente a Elsur, "aumentando el perjuicio patrimonial sufrido en detrimento de las arcas municipales", 15,6 millones de euros, "habiendo obtenido un porcentaje de beneficio del 48,21 por ciento, muy superior al que hubiera sido normal si no se hubieran aumentado artificialmente los costes de la subcontratación".

El Ministerio Público subraya que, aparte de un "importante patrimonio inmobiliario", destinaron el dinero ilícito a gastos "de lujo" como vehículos de alta gama, joyas o viajes, "que le hacían disfrutar de un alto nivel de vida".