De cumplirse este compromiso, ante el que tanto el Defensor como los vecinos se mostraron muy precavidos, se calcula que las obras se iniciarán en mayo, una vez que se cumpla el mes preceptivo para la presentación de empresas y se cumplimenten los trámites burocráticos.
A pesar de que este anuncio debería suponer un alivio para los afectados por el mal estado de las viviendas actuales y la situación conflictiva de la barriada, los vecinos mostraron sus dudas ya que, como explicó la portavoz vecinal, Fali Fernández, “llevamos cinco años esperando desde que se decidió el derribo de los edificios y estamos cansados”.
Uno de los portavoces del Foro Social, Rafael Portela, recordó que “se nos han ido poniendo excusas constantemente”. Portela indicó que “primero tuvimos que convencer a la Junta de Andalucía de la necesidad del derribo, luego surgió un problema con una vía pecuaria, más tarde hubo problemas con la licencia municipal y ahora nos dicen que hay que realizar una cata arqueológica”.
José Chamizo advirtió que la institución que representa estará “pendiente de que se cumpla la promesa y se prevea una solución si hay problemas tras la cata arqueológica”.
El Defensor del Pueblo Andaluz, que definió la situación como “la historia de la frustración de la barriada”, insistió en que los vecinos “no pueden seguir viviendo en esta situación y por eso instamos a la Administración a que ofrezca una solución ya”.
Chamizo aseguró que “este ejercicio de paciencia no se ha dado en toda Andalucía” y señaló que “aquí siempre ha estado todo resuelto, pero nunca se ha hecho nada”. El Defensor subrayó que “según la Junta de Andalucía, no hay problema por el dinero” y puntualizó que “si no empiezan las obras los vecinos me han comunicado que están dispuestos a movilizarse”.
Por su parte, la concejal de IU y miembro del foro, Pepa Conde, quiso dejar claro que “la Junta no ha respondido a las necesidades y demandas de estos vecinos; ha existido una burla total por parte de la Junta de Andalucía por las promesas incumplidas”.
Según Conde, que considera que “no se debe engañar a la gente”, los vecinos “defienden cada día su dignidad y sus derechos, porque esto es un tema de justicia y derechos, y por eso se va a conseguir”. “La Junta ya tiene la licencia municipal, ahora exigimos el inicio de las obras”, apostilló la concejal portuense.
44 familias tienen derecho a una nueva vivienda
En los cinco años transcurridos desde la decisión de derribar las viviendas de la barriada José Antonio, de los 60 adjudicatarios con derecho a nueva vivienda han fallecido 16, quedando en la actualidad 44 familias con derecho a una nueva residencia de las 125 viviendas previstas junto a la ermita de Santa Clara. A la situación de precariedad de los edificios hay que sumar la degradación de la barriada donde, aseguran los vecinos, “existen entre 15 y 20 viviendas ocupadas y utilizadas para el tráfico de droga, aunque hubo un momento en que había hasta 32”. A todo esto se suma el grave deterioro que han sufrido las viviendas a causa de las últimas lluvias.
