El 82 % de los contribuyentes andaluces tributa dentro de los tres primeros tramos del IRPF que el Gobierno andaluz va a deflactar para evitar que los incrementos salariales derivados de una fuerte subida de los precios impliquen una mayor carga fiscal para los contribuyentes.
Esta es una de las medidas fiscales incluidas en el Decreto Ley aprobado este martes por el gobierno andaluz, a las que se suman la eliminación del impuesto sobre el patrimonio y la supresión del canon del agua en 2023.
El gobierno andaluz ha puesto estos ejemplos para ilustrar el ahorro de las familias por deflactar el IRPF: un matrimonio de 35 y 34 años con dos hijos, con un sueldo cada uno de 31.000 euros al año y una hipoteca anual de 6.000 euros le supone un ahorro anual de 493 euros.
Un hombre soltero de setenta años con ingresos de 26.000 euros un alquiler de vivienda de 500 euros mensuales se ahorra con la deflactacion de la tarifa del IRPF 697 euros, y el caso de una madre soltera con un hijo de meses, un sueldo de 23.000 euros y una casa de VPO hipotecada con 300 euros al mes se ahorra 374,9 euros al año.
El objetivo de deflactar es evitar que un incremento salarial, en un contexto de fuerte subida de la inflación, implique una mayor tributación para el contribuyente.
Aunque los últimos datos que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado sobre variación salarial pactada en los convenios colectivos sitúan en agosto la subida interanual en el 2,6 %, el gobierno andaluz, anticipándose a futuras subidas de la inflación, ha elevado esa cifra hasta el 4,3 %, que coincide con el incremento interanual de los costes salariales, según la encuesta trimestral del INE.
De esta forma, se aumentan los primeros tramos de tributación del IRPF en un 4,3 % para que el contribuyente no se vea obligado a tributar en un tramo superior por un incremento salarial motivado por la inflación, pero que no supone un aumento real de la capacidad de pago.
Así, los contribuyentes con rentas más bajas van a seguir tributando dentro del mismo tramo aunque su salario aumente y los contribuyentes que no vean incrementado su salario, con independencia de su nivel de ingresos, tributen según un tipo medio efectivo más bajo que hasta ahora.
También se amplían en la misma proporción (4,3 %) los mínimos personales y familiares por los que no se tributa en el IRPF, ya que esa parte de la renta, destinada a atender las necesidades básicas de los contribuyentes y sus familias, está aumentando a consecuencia de la inflación.
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
El decreto ley contempla la supresión mediante la bonificación del cien por cien de la cuota ya que se trata de un impuesto cedido sobre el que sólo el gobierno central tiene la potestad de suprimirlo.
El objetivo es atraer a nuevos contribuyentes hacia Andalucía y que se convierta en la residencia fiscal de más contribuyentes, algunos de los cuales viven ya aquí pero no tienen su residencia fiscal que, si la tuvieran, estarían obligados a tributar por el conjunto de sus bienes en todo el mundo.
Como ejemplo la Junta ha puesto el de un ciudadano inglés con vivienda en Marbella valorada en 500.000 euros y un patrimonio de 4 millones, si se empadrona en Andalucía pagaría 81.000 euros en IRPF, de los que la mitad se quedan en la comunidad, lo que supone 40.500 euros.
Por último, el decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Gobierno contempla también el incremento del plazo máximo para aplazamientos y fraccionamientos de las deudas contraídas por ciudadanos, empresas e instituciones con la Junta de Andalucía, hasta 12 años con carácter general, que hasta ahora era de diez años.
El objetivo es dar facilidades de pago a los contribuyentes en un contexto de desaceleración económica.
CANON DEL AGUA
La suspensión del canon del agua va a suponer en 2023 un ahorro global estimado de 140 millones de euros para las familias y las empresas y no va a afectar a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas en marcha.
Andalucía
El 82 por cieento de contribuyentes andaluces se beneficiará de deflactar el IRPF
Va a deflactar para evitar que los incrementos salariales derivados de una fuerte subida de los precios impliquen una mayor carga fiscal para los contribuyentes
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