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Crisol defiende la gestión con la parcela del Hotel Palmera

La empresa beneficiada tiene que hacer frente aún a sus compromisos económicos

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  • El convenio urbanístico fue aprobado en Pleno y ratificado por la Junta en el nuevo PGOU
Las críticas formuladas días atrás por el Foro Ciudadano respecto a la ‘desaparición’ en el actual PGOU de una zona verde ubicada entre las calles Pozo del Olivar y la calle Pizarro, que motivó la presentación de un escrito -fechado el 14 de mayo- solicitando información sobre este particular, fueron respondidas ayer por el delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, quien, en declaraciones a este medio, garantizó la legalidad de lo actuado en virtud del convenio firmado en su momento entre el Ayuntamiento de Jerez, la empresa Rochdale y el Hotel Prestige Palmera Plaza.

Crisol recordó que la parcela de referencia estaba catalogada como ‘sistema general’en el plan anterior, aunque estaba siendo utilizada en exclusiva por el referido hotel, al estar dentro de sus instalaciones.

Cuando la propiedad del hotel planteó los cambios que necesitaba para mejorar la instalaciones de sus cocinas para mantener la categoría de cinco estrellas, se redactó el convenio ya referido, que, tal y como enfatizó el delegado de Urbanismo, fue aprobado en Pleno y por la Junta de Andalucía cuando se aprobó definitivamente el Plan General.

Ese convenio preveía el pago por la empresa de unas cantidades económicas con las que el Ayuntamiento se iba a hacer con un casco de bodega cercano. No obstante, la situación actual no ha posibilitado el cumplimiento del convenio por parte de la empresa, que sigue estando vigente y pendiente de cumplirse.

Por tanto, el Ayuntamiento no ha podido hacerse con la nave de algo más de 2.800 metros, ubicada en concreto en la calle Divina Pastora, en la que tenía proyectado establecer la Escuela de Idiomas.

Crisol enfatizó que se podrá discutir si la decisión tomada es mejor o peor para los intereses de la ciudad, pero nunca la legalidad de la misma al haberse dado todos los pasos que marca la ley para llevar a cabo el convenio urbanístico firmado, del que la empresa tiene que cumplir su parte.

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